El IX Informe FOESSA, presentado este miércoles por Cáritas Española, ha advertido sobre un "proceso inédito de fragmentación social" en España, con una "aparente bonanza" que convive con "una de las tasas de desigualdad más altas de Europa", y que llevan a "una sociedad del desasosiego" en la que 4,3 millones de personas viven en una situación de exclusión severa.
Cáritas alerta del aumento del riesgo de exclusión social, mientras la clase media mengua, los salarios se precarizan y ni siquiera tener un puesto de trabajo garantiza que una persona no pueda verse atrapado por este escenario de desigualdad creciente. Los jóvenes salen mucho peor parados. Ahora lo ampliamos.
El estudio índica que 4.300.000 personas viven en España en situación de exclusión social severa, esto significa que no pueden acceder a elementos básicos para tener una vida digna ( no disponen de una vivienda adecuada, no pueden calentarla en invierno y, por supuesto, no pueden afrontar gastos imprevistos).
Situación especialmente delicada para la infancia
De ellas un tercio son menores de edad. La tasa de pobreza de este colectivo se sitúa en el 29%, es la más alta de todos los grupos de edad y de las mayores de Europa. Cáritas habla de la infancia y de la juventud como los grandes perdedores por el bloqueo vital en el que se encuentran.
Al menos 2 millones y medio de jóvenes están atrapados en una precariedad estructural en la que confluyen: altas tasas de temporalidad, de empleos a tiempo parcial y salarios que llegan a ser hasta un 30% más bajos que los de las generaciones anteriores. En 2007, la exclusión social severa afectaba al 7,3% de la población con menos de 18 años en la actualidad se sitúa en el 15,4%.
La vivienda y el empleo dos factores de riesgo
En cuanto a los principales motores de la exclusión social, el estudio señala la vivienda y el empleo. En concreto, sobre la primera, apunta que el 45% de la población que vive en régimen de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, la cifra más alta de la UE.
Además, el informe constata que "el empleo ha perdido gran parte de su capacidad protectora e integradora, con la precariedad laboral afectando a casi la mitad (47,5%) de la población activa. Se trata, según precisan, de "11,5 millones de personas atrapadas en diversas modalidades de inseguridad laboral". El estudio también apunta a que dos de cada tres hogares en situación de exclusión moderada tienen al menos una persona trabajando sin que ese empleo sea garantía de nada.
Los estudios siguen siendo también un factor relevante, aunque ni siquiera los estudios obligatorios son ya suficientes. Si una persona no consigue completar la enseñanza superior a la ESO, su riesgo de caer en la exclusión severa casi se triplica. No obstante, la investigación, si que señala que son un factor que condiciona de manera negativa, las personas con bajo nivel educativo tiene más del doble de probabilidades de caer en situaciones de pobreza. La exclusión penaliza sobre todo a los hogares encabezados por mujeres.
Una cuestión sistémica
El informe concluye que lo que fallan no son las personas, sino el sistema, porque tres de cada cuatro activan estrategias para salir de esta situación: buscan empleo, se forman, activas redes y ajustan los gastos, pero acaban chocando con el mismo muro y con las mismas barreras estructurales.
