El primer ministro británico Keir Starmer es el último que ha llegado al "baile de la conga nuclear". Pasos para adelante, pasos para detrás. El laborista Starmer se lamentaba de que el uso de "este tipo de energía ha quedado prácticamente paralizado (…) hemos perdido oportunidades y nos ha perjudicado como nación". El gobierno del Reino Unido ha decidido eliminar trabas burocráticas y medioambientales en la construcción de nuevas instalaciones atómicas, los pequeños reactores nucleares modulares, en el norte de Inglaterra y Gales. Estos reactores generan unos 300 MWh, un tercio de una central nuclear habitual.
El gabinete de Starmer quiere conquistar la independencia energética, reducir la dependencia energética de terceros países. "Putin no podrá poner su bota sobre nuestra garganta", llegó a exclamar el primer ministro inglés. El Reino Unido no quiere repetir la experiencia de la Alemania de Merkel, que decidió el cierre de sus centrales nucleares tras los accidentes de Chernóbil y Fukushima. El apagón nuclear germano llevó a su potente industria a depender del barato gas ruso. Barato hasta que multiplicó precios por la Guerra de Ucrania, que generó una intensa crisis económica en Alemania, lleva dos años en negativo, y el consumo desaforado de carbón, lo que elevó las emisiones de gases contaminantes.
España mantiene el calendario de cierres
En España el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene sin cambios el calendario de cierre de plantas nucleares. La primera será la de Almaraz I, el uno de noviembre del 2027. La cuenta atrás para alcanzar el punto de no retorno está cerca. Si las compañías que gestionan la central, Iberdrola, Endesa y Naturgy, desean seguir con el negocio, con la instalación abierta, deben presentar su solicitud de prórroga como muy tarde un año antes de la fecha de cierre. Pero lo lógico es reclamar antes la extensión de la planta para efectuar las inspecciones y análisis necesarios y las inversiones que se reclamen. Las empresas aún no han movido un átomo. No han revelado su decisión, pero sí que defienden una rebaja fiscal sobre el tratamiento de residuos, la llamada Tasa Enresa. Entremedias se han colado las protestas de los pueblos afectados exigiendo la continuidad de la central, algo que también apoya el Ejecutivo autonómico de Extremadura.
La vicepresidenta tercera y ministra de Transformación Ecológica, Sara Aagesen, dijo en el Senado la pasada semana "que no hay un complot contra las nucleares". A la vez, señaló que el Gobierno está dispuesto a cumplir con el calendario de cierre de los reactores, "que se pactó con las empresas propietarias y Enresa (la compañía que gestiona los residuos atómicos)". El gabinete apuesta claramente por la ampliación de los parques eólicos y solares que han conseguido, por ahora, rebajar la factura de la luz.
En la actualidad, las plantas nucleares enchufaron en el sistema eléctrico 7.600 GWh. Estas centrales suponen el 20% del mix energético que cada día cuenta con una mayor presencia de generación renovable, en especial eólica y fotovoltaica. La desaparición de los siete reactores nucleares españoles que quedan -llegaron a funcionar diez a la vez- eliminaría una energía de respaldo ante la volatilidad de la energía verde. Respaldo que recaería de nuevo sobre el gas, es decir, se incrementaría la dependencia del exterior de fuentes argelinas, rusas o estadounidenses.
La autonomía energética es uno de los retos de la Unión Europea. No solo del Viejo Continente, también del resto del mundo. Ahí está la veintena de modernos reactores nucleares que está levantando el gobierno de Pekín, los planes japoneses para reabrir algunas plantas cerradas tras el accidente de Fukushima, los diseños de India para multiplicar su producción atómica o los planteamientos de EEUU para extender la vida de varias de sus centrales o, incluso, los estudios de grandes multinacionales tecnológicas para montar instalaciones atómicas ante el esperado incremento exponencial del consumo energético con el desarrollo de la IA y los Centros de Datos.
