La presidenta argentina, Cristina Fernández, envió al Congreso el proyecto de ley que expropia el 51 % del patrimonio de la petrolera YPF, controlada hasta ahora por la española Repsol, lo que ha provocado la inmediata reacción del Gobierno de España y de la Comisión Europea.
Fuentes del Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno español, señalaron que se está estudiando la decisión del Ejecutivo argentino para dar una "respuesta adecuada" a los intereses de España.
Desde Bruselas, el portavoz europeo de Comercio, John Clancy, señaló que "una expropiación por parte del Gobierno argentino enviaría una señal muy negativa a inversores, nacionales e internacionales y podría dañar seriamente el clima de negocios" en el país suramericano.
En un acto celebrado en la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, se dio a conocer la decisión de enviar al Congreso el proyecto de ley que expropia la mayoría de las acciones de YPF y que declara de "interés público nacional" el sector de hidrocarburos.
De las acciones expropiadas, el 51% pasarán a estar bajo control del Estado y el 49% restante se distribuirán entre las provincias, de acuerdo con el proyecto de ley, de 19 artículos. La mandataria dijo que su propuesta intenta poner fin a "una política de vaciamiento" de YPF.
"De proseguir la política de vaciamiento, con no producción y no exploración, prácticamente nos convertiríamos en un país inviable, no por falta de recursos sino por políticas empresariales", subrayó Fernández.
La presidenta decretó que el ministro de Planificación, Julio de Vido, asuma la intervención de la compañía, con la asistencia del viceministro de Economía, Axel Kicillof, a quien medios locales señalan como uno de los principales impulsores de la expropiación de la petrolera.
Tras el anuncio, el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación de Argentina, Roberto Baratta, se presentó en la sede corporativa de YPF para hacer efectiva la intervención de la compañía, confirmaron fuentes de la petrolera.
La importancia para el Ejecutivo de Fernández radica en que [[LINK:INTERNO||||||YPF es una de las mayores empresas argentinas]],columna vertebral del mercado de hidrocarburos y una marca asociada en el imaginario popular a un pasado de esplendor del país.
El anuncio de la expropiación de YPF se produce tras cuatro meses de presiones del Gobierno argentino a la empresa, a la que acusa de una caída en la producción por falta de inversiones. Desde enero, cuando comenzó dicho conflicto, los títulos de la petrolera han acumulado una caída del 26,58% y su capitalización bursátil es de unos 11.000 millones de dólares.
