La decisión puede costarle cara al gobierno, sobre todo después del coste político que supuso para José Luis Rodríguez Zapatero la congelación de 2011. Pero en la decisión del gobierno del PP pesa además otro factor en la escena: la fuerte presión de Bruselas para ampliar la edad de jubilación a los 67 años paulatinamente hasta 2027 y sobretodo que la UE quiere que Mariano Rajoy vaya más rápido.
De momento, la Ley está en trámite parlamentario, y a la espera de contestar a las enmiendas, sabemos que penalizará los despidos de los trabajadores mayores de 50 años. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguraba en una de sus intervenciones que desde 2002 a 2011 la pensión media de retiro ha pasado de 591 euros mensuales a 923, sin embargo estas macrocifras no se corresponden con la sensación que tiene el ciudadano medio y, especialmente, el pensionista, que ve mermado cada año su poder adquisitivo.
Otra de las premisas que sabemos es que el Gobierno quiere desincentivar las jubilaciones anticipadas y buscar fórmulas para alargar la edad efectiva de jubilación, hoy en día en España está en 63,3 años mientras la edad legal es 65, aunque en 2014 empieza a aplicarse paulatinamente la de 67.
En Castellón, los sindicatos, la oposición y la HOAC ya han creado una plataforma en contra de la Ley de Reforma de las Pensiones, la idea es ir realizando actos públicos en protesta de algo que es eminente y que solo una reforma puede paliar. El problema es que la hucha pública se ha agotado y cada vez son menos los trabajadores potenciales para llenarla, en un país donde cada año ha descendido la natalidad. Aquí lo que es evidente, que se atiendan o no las enmiendas la solución pasa por trabajar más años y cobrar menos, algo que solo tiene detractores.
