El portavoz del PP, Miguel Ángel Mulet, ha denunciado que el conflicto no ha haya resuelto en el seno del grupo municipal y se haya trasladado la resolución a la Secretaria del Ayuntamiento de Castellón “salpicando con esa situación al resto de grupos municipales”, como explicó ayer el propio portavoz del PP. Mulet denunció que la portavoz del PSPV ha llegado con su actitud “a presionar a los funcionarios”.
A la espera de conocer el marco legal, la situación es totalmente nueva en la historia municipal del ayuntamiento, pero, por desgracia, no es nueva en la historia de los ayuntamientos democráticos donde los concejales se aferran a la propiedad del acta de concejal olvidándose muchas veces la razón de ser por la que fueron elegidos, la de “servicio público”. Durante la próxima semana, la secretaria del ayuntamiento de Castellón dará a conocer el informe que está en proceso de elaboración para decidir si Juan María Calles puede disfrutar de un despacho en el ayuntamiento, si puede o debe participar y votar en los plenos así como cualquier circunstancia legal que se derive de la nueva situación.
En cualquier caso, lo de los trásfugas que no sueltan el acta de su sillón es una fotografía bochornosa de cara a la galería además de la duda sin despejar, que es lo que al fin y al cabo se pregunta el ciudadano ¿costará el despacho de Calles más dinero a las arcas públicas?