Los sindicatos y colegios profesionales se han concentrado este mediodía frente a la Dirección General de Servicios Sociales para reclamar medidas contra las agresiones en estos centros, tras el asesinato de una trabajadora en un piso tutelado de Badajoz, presuntamente a manos de varios menores.
Han condenado enérgicamente estos hechos, trasladando su más sentido pésame a la familia y allegados y denunciando la precariedad laboral y la falta de seguridad en estos centros, financiados con fondos públicos pero gestionados por empresas privadas sin las garantías adecuadas, como explicaba Carla Vicente, Educadora Social en Calvo Sotelo para la fundación Diagrama.
Señalan que, sucesos de tal gravedad, ponen una vez más de manifiesto las deficiencias del sistema de protección juvenil, con políticas de licitación que priorizan el ahorro económico sobre la seguridad de quienes trabajan en el sistema, y de los menores.
Por ello, exigen a la Administración, como máxima responsable, y a las empresas privadas gestoras, que hagan análisis de conciencia y actúen en consecuencia para no tener que lamentar más situaciones como esta y para que dejen de vivir situaciones límite en su desempeño laboral.
Desde el colegio oficial de Educadores Sociales, Noelia Fuente, denuncia que siguen siendo los grandes desconocidos.
