Según publica el diario La Razón, la auditoría externa realizada por KPMG, a petición del Gobierno regional, ha confirmado las irregularidades en la adquisición de mascarillas por el Gobierno de La Rioja en 2020, bajo presidencia de Concha Andreu, y el ejecutivo de Gonzalo Capellán dispone de seis meses para intentar recuperar parte de los tres millones de euros invertidos en esta compra por el gobierno anterior. Mascarillas que nunca fueron empleadas al contrastarse que no eran adecuadas para el uso sanitario, y que permanecen guardadas en un almacén en Arrúbal.
La auditoría confirma que las mascarillas adquiridas, destinadas a ser quirúrgicas, no cumplían los estándares mínimos para prevenir la Covid como estipulaba el contrato. Se apunta que la empresa arnedana Arneplant distribuyó unidades no quirúrgicas, lo que constituye un incumplimiento del contrato que podría justificar su resolución según la legislación.
El informe resalta la relación entre un alto cargo del Gobierno de Andreu y la empresa proveedora. Se trata de Nuria San Servando, actual concejala en el Ayuntamiento de Arnedo, entonces directora de la Fundación Riojana para la Innovación, y que firmó la recepción del material suministrado por la empresa, de la que su hermana era directora de ventas, en una operación también fue avalada por un informe que justificaba la emergencia en la compra de mascarillas.
El contrato finalizó hace casi cuatro años, por lo que no es viable resolverlo por vía administrativa ante el riesgo de obtener una sentencia desfavorable, pero se recomienda reclamar daños y perjuicios a la empresa Arneplant por incumplir el acuerdo.
