El primer artículo de la ley define su objeto: "garantizar y hacer efectivos los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de todas las personas, riojanas o no, instituciones públicas, organizaciones y entidades de todo tipo que fueron perseguidas y represaliadas por el régimen franquista en relación con las graves violaciones de los derechos humanos cometidos durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista en La Rioja".
Se añade que la ley pretende "divulgar la memoria democrática en La Rioja, dando satisfacción al derecho de la sociedad a conocer la verdad de los hechos acaecidos durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista y las circunstancias en que, durante este periodo, se produjeron crímenes contra la humanidad y se perpetraron vulneraciones de los derechos humanos".´
La ley incluye un amplio concepto de víctima: además de las personas desaparecidas o fallecidas como consecuencia de la guerra y la dictadura, se incluye a "todos los riojanos y riojanas que hubieran sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el periodo que abarca el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior Guerra y la Dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978".
Se considerará víctima "con independencia de que exista o no autoría conocida de la violación de sus derechos" y se incluye en el concepto a los familiares, descendientes, ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado.
La ley incluye el derecho a localizar a las personas desaparecidas en La Rioja durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista y obliga al Gobierno de La Rioja a garantizar que las exhumaciones y la identificación de víctimas se realicen teniendo en cuenta (...) el procedimiento establecido judicialmente en las normas estatales con competencia en la materia y con cargo al presupuesto del Gobierno de La Rioja. A tal efecto, se creará un censo de desaparecidos, un Comité Técnico para la Recuperación e Identificación de Personas Desaparecidas, un mapa de fosas y un Banco de ADN.
Se obliga al Gobierno de La Rioja a adoptar medidas de "resarcimiento económico" a las víctimas y sus familiares así como a instituciones y organizaciones sociales que se opusieron al golpe militar.
Se declara el Memorial "La Barranca" como lugar de referencia para la transmisión de la memoria democrática que contribuya a promover una cultura de paz y convivencia. Su gestión y mantenimiento correrá a cargo de la administración autonómica, que deberá firmar un convenio anual con la Asociación para la Preservación de la Memoria Histórica en La Rioja.
La ley plantea una actualización de los contenidos curriculares para ESO y Bachillerato con el fin de garantizar que ofrezcan información veraz, extensa y actualizada sobre los acontecimientos del pasado vinculados a la memoria democrática riojana.
El Gobierno de La Rioja deberá organizar un acto institucional el 22 de julio de cada año, fecha de los primeros enterramientos republicanos asesinados e instalará una placa o monumento de recuerdo en un lugar céntrico de la capital de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en colaboración con su Ayuntamiento.
Debate en el Parlamento
En el debate de la proposición de ley, a iniciativa de Izquierda Unida, los grupos parlamentarios han expuesto sus razones a favor y en contra del texto finalmente aprobado.
