El ex-presidente de la Audiencia Provincial, Alfonso Santisteban, que condenó a Almeida en 1993 y 2000, afirma que los informes sicológicos ponían de manifiesto que tenía "plena capacidad de discernimiento y comprensión de sus actos". El sindicato ACAIP-UGT considera que un preso con el perfil de Almeida no debió obtener la libertad anticipada y critican que haya incentivos económicos a las prisiones por otorgar terceros grados. Dos de cada 3 comercios afectados por Calles Abiertas consideran que pone en peligro su viabilidad económica, según una encuesta de la FER. El Ayuntamiento de Logroño saca adelante las nuevas ordenanzas fiscales.
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