Los cuatro detenidos por su posible implicación en la agresión sexual a una joven en la zona de la Carpa que tuvo lugar el pasado viernes en Pamplona han pasado este mediodía a disposición judicial. Los cuatro hombres, de origen argelino, con edades comprendidas entre 21 y 33 años, han permanecido en dependencias policiales desde el pasado martes. La joven interpuso una denuncia por los hechos, que ocurrieron la noche del viernes en una zona cercana a la Media Luna. El arresto tuvo lugar después de que los agentes, que investigan si pudo tratarse de una agresión grupal, localizasen vestigios incriminatorios en el entorno de dos tiendas de campaña, junto al rio, en las que se alojan los detenidos. La jueza encargada del caso está a la espera de las pruebas de ADN solicitadas y que han sido remitidas al laboratorio. Policía Municipal de Pamplona mantiene acordonada la zona donde se levantaba el asentamiento ilegal.
Lunes lilas y protocolo seguridad
El colectivo Lunes Lilas ha condenado los hechos y ha hecho hincapié en la necesidad de que se garantice la seguridad de todas las personas en este tipo de eventos. En Más de Uno Pamplona su portavoz, TERE SAEZ, ha pedido no bajar la guardia: "En lugares que son pocos seguros para las mujeres debe haber un protocolo. Las personas de seguridad tienen que estar formadas, de manera que se nos garantice a las mujeres que vayamos a los diferentes lugares, como en este caso a la carpa, que realmente vas a poder volver tranquila a tu casa". Ante la inseguridad y el temor que se ha generado tras esta nueva agresión la portavoz de Lunes Lilas sostiene que, lejos de dar marcha atrás, las mujeres deben dar un paso adelante: "Lo que no puede ser es que retrocedamos las mujeres, es decir, que se nos esté educando en el miedo o no podamos salir de casa solas. Estamos avanzando a una sociedad igualitaria. El mensaje tiene que ser que damos seguridad y lo que tenemos que pedir es iluminación, espacios seguros, pero que en ningún momento esto signifique un retroceso".
Situación detenidos
Según publica el diario El Mundo tres de los detenidos tenían orden de expulsión y existe un expediente en trámite para que abandonen el país por su situación irregular. Cuestión que, en declaraciones a Onda Cero, no le consta a la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra, María Carmen Maeztu, quien pide no poner el foco en un colectivo en concreto: "Desconozco esta cuestión, no tengo información relativa a la misma. En cualquier caso el hecho es denunciable y hemos conocido en nuestra comunidad que estas agresiones también se cometen por personas también que viven en nuestro país. No hay que señalar a colectivos de personas por comportamientos que son individuales".
Concentración silenciosa
Hoy a las doce del mediodía ha tenido lugar una concentración silenciosa por parte de todos los grupos políticos municipales condenando los hechos y mostrando su solidaridad con la víctima. Tras la misma la única representante del equipo de gobierno en comparecer ante los medios de comunicación ha sido Zaloa Basabe, concejala delegada de Igualdad, que ha condenado los hechos pero que no ha dado ningún tipo de explicación. "Nuestra solidaridad con la victima. Su privacidad y protección están en el centro. No voy a comentar las informaciones que han aparecido en los medios". Los grupos de la oposición han pedido explicaciones y se han centrado especialmente en el asentamiento ilegal en el que vivían los cuatro acusados. Cristina Ibarrola, presidenta de UPN, alertaba del aumento de agresiones sexuales en Pamplona. En la misma línea el concejal del Partido Popular, Carlos García Adanero, pedía explicaciones de por qué tres de los cuatro acusados que tenían orden de expulsión seguían en la capital navarra y además lo hacían en un asentamiento ilegal
