El Gobierno de Navarra asegura que no ha tenido requerimiento alguno "ni de la justicia ni de la Guardia Civil", tras el registro por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la empresa navarra Servinabar, adjudicataria de la obra de los túneles de Belate. La portavoz del ejecutivo, Amparo López, ha respondido así a las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, donde ha afirmado que no les consta el contacto de ningún miembro del Gobierno con el entorno de Víctor de Aldama y que confía en la "impecabilidad" del Ejecutivo. Ha mostrado su "máximo respeto" a las diligencias judiciales, cuando ha sido preguntada por si preocupa al Gobierno este registro, y ha reiterado que el conjunto de los consejeros actúan desde el "ajuste a la legalidad".
Comisión de investigación
UPN y PP han anunciado que solicitarán una comisión de investigación en el Parlamento de Navarra para que se aclare la adjudicación . La consejera Amparo López ha señalado que "será la Cámara foral la que lo apruebe, pero que el Gobierno está dispuesto a ofrecer la información que se requiera". A este respecto la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, quien ha considerado "urgente" que la presidenta de Navarra dé explicaciones respecto a esta adjudicación, ha anunciado que su partido se va a personar como acusación popular en el Tribunal Supremo. Ibarrola ha apuntado que parece evidente que la investigación policial deriva de la denuncia que UPN interpuso en 2024 ante la Guardia Civil ante la sospecha de irregularidades en la adjudicación de las obras a Servinabar, dentro de una UTE integrada por tres empresas
