La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra ha concluido que el letrado secretario de la mesa de contratación de las obras de Belate, una de las personas que firmó votos particulares alertando de presuntas irregularidades, sufrió un “acto de represalia” por parte del director general de Obras Públicas, Pedro López, al ser trasladado de la sede de la avenida San Ignacio a una nave industrial del polígono de Landaben donde no trabaja ninguna otra persona del negociado. Una información que ha publicado hoy Diario de Navarra que recoge asimismo que fue uno de los letrados que denunció estos hechos ante la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, en concreto el 27 de febrero de 2024, un mes después de hacerse pública la adjudicación. Este “empeoramiento de las condiciones laborales” fue, según este organismo, un “acto de represalia” por lo que instó a su rectificación “inmediata” que el ejecutivo acató permitiendo el regreso del funcionario a su lugar de origen.
UPN pìde cese Pedro López
En Más de Uno la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha pedido al consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, que "cese de inmediato" al director general de Obras Públicas e Infraestructuras, Pedro López, por "el hostigamiento y las represalias que adoptó contra uno de los funcionarios que denunciaron irregularidades en la mesa de Contratación de la duplicación de los túneles de Belate". Además le pide que abra una investigación interna para que se sepa "quién dio la orden y si pudo haber más personas implicadas" y que "dé explicaciones públicas". Considera Ibarrola "de una enorme gravedad que se hayan tomado represalias contra el secretario de la mesa de Belate"
Comparecencia Parlamento y Senado
La presidenta regionalista ha denunciado que el PSN y sus socios "impidieron que el secretario de la mesa de Belate acudiese a informar al Parlamento tal y como había solicitado UPN, a pesar de que el técnico se ofreció a comparecer". Confía en que los miembros que expresaron sus votos particulares y denunciaron irregularidades en la adjudicación "comparezcan finalmente tanto en el Senado como en el Parlamento una vez se ponga en marcha la comisión de investigación aprobada por los socios de gobierno y Bildu". Una comisión que investigará también las adjudicaciones de obras del Gobierno foral a empresas mencionadas en el informe de la UCO y que revisará también las actuaciones durante la etapa regionalistas. Ibarrola sostiene que los regionalistas "no tenemos miedo a que se revisen los contratos durante nuestra etapa de gobierno", "algo que ya hizo la consejera Beaumont y no encontró nada" y espera que no se trate de "una estrategia para dilatar el proceso".
