Murcia | 20.11.2019 13:03 (Publicado 20.11.2019 12:26)
El portavoz del grupo Vox, Juan José Liarte había dado su visto bueno a la declaración institucional propuesta por UNICEF, pero ha sido llamado al orden por la dirección nacional de Vox que, al parecer, ha dado orden de no apoyar ninguna declaración institucional con motivo del Día de la Infancia se conmemora cada 20 de noviembre.
"Hoy y mañana, los niños y las niñas, también los adolescentes, son nuestro bien más valioso para lograr un mundo pacífico, justo, inclusivo, sostenible y próspero, y por ello, reconociendo la acuciante necesidad y urgencia de acelerar el progreso e intensificar la acción: declaramos nuestro compromiso directo con los niños de todo el mundo: para cada niño, para cada niña, cada derecho, así como el despliegue de un esfuerzo colectivo para lograr este objetivo también y en especial con la infancia y adolescencia de la región de Murcia".
El texto propuesto por Unicef añadía "así pues, reafirmamos nuestra determinación implacable para defender y proteger los derechos y principios proclamados en el marco de la convención, e identificar y adoptar medidas concretas, alcanzables y limitadas en el tiempo en el empeño de lograr su aplicación plena, lo que incluye también de modo muy específico a los niños, niñas y adolescentes de la región de Murcia, para mejorar la situación de la infancia en la región y más allá de nuestras fronteras….".
Onda Cero ha contactado con el diputado de Vox, Juan José Liarte para que explique los motivos exactos por los que se ha negado a firmar la declaración institucional a favor de la infancia, pero ha rechazado responder y nos ha remitido al departamento de prensa que tampoco ha ofrecido explicaciones.
Vox ha decidido desmarcarse de la Convención de los Derechos del Niño de la ONU en su cruzada contra los menores inmigrantes no tutelados -menas- que llegan a España. Santiago Abascal quiere expulsar a los menores inmigrantes aunque lo impida el tratado de Naciones Unidas.
La convención, que este miércoles cumple 30 años, obliga a los Estados a dar prioridad al "interés superior del niño" en cualquier medida que le afecte; a no discriminarlo por razón de sexo, religión, origen nacional, étnico o social; y a garantizar la protección de todos sus derechos.