Una investigación realizada por WWF ha analizado durante todo un año "cómo se produce el robo del agua en cuatro de los acuíferos más importantes de España" y concluye que "solo en estas cuatro zonas, unas 88.645 hectáreas se riegan con agua extraída ilegalmente. En total, el agua robada subterránea equivale a más de 65.000 piscinas olímpicas (casi 220 millones de metros cúbicos).
Para extraer agua subterránea es necesario solicitar una concesión administrativa que da derecho a sacar una cantidad de agua para un determinado fin. "Pero lo que sucede realmente en estos cuatro acuíferos es que, sistemáticamente y con total impunidad, se están regando parcelas sin contar con autorización para extraer agua" advierte la organización ecologista.
"La clave para entender el robo del agua está en que las administraciones responsables desconocen cuánta agua se extrae de pozos por encima de lo autorizado, ya que no tienen capacidad de medir todas las extracciones, ni suficientes medios humanos para controlar estos recursos subterráneos. En algunos casos tampoco está claro cuánto se ha extraído por encima de los recursos disponibles" dice Rafael Seiz, experto del programa de agua de WWF.
La continua expansión de la agricultura industrial y de los cultivos en regadío, promovida con ayudas públicas, alimentan esta situación ya que, en sus trámites y autorizaciones para las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), la administración agraria responsable no ha exigido a los agricultores solicitantes presentar el derecho de uso de agua concedida.
"Además, la propia Administración del agua ha alimentado tradicionalmente esta sobreexplotación concediendo derechos de uso de agua muy por encima de las capacidades según los Planes Hidrológicos, a causa del descontrol en el uso del agua subterránea y la debilidad de la Ley" advierte en su informe la organización ecologista. Esto es lo que ha sucedido en Las Tablas de Daimiel, donde la administración pública se ha saltado su propio límite -establecido en el Régimen Anual de Extracciones- que tiene precisamente como objetivo reducir la extracción de agua para revertir el deterioro del acuífero, lo que llevó a que en 2019 se extrajera, en total, un 72% más de agua del volumen permitido.
En el entorno del Mar Menor se riega ilegalmente el equivalente a 10.200 campos de fútbol
El Mar Menor, dice WWF, "es otro de los epicentros del robo del agua en España, que además, vive momentos críticos tras un nuevo episodio de eutrofización que ha vuelto a convertir la mayor laguna salada de Europa en una auténtica ‘sopa verde’.
Según el citado informe, "la causa de este colapso ecológico se debe precisamente a las toneladas de nitratos y fosfatos que entran en la laguna a través de las ramblas procedentes de la agricultura intensiva que ha crecido sin ningún control. El informe señala que hay 8.460 hectáreas de cultivo de regadío ilegal en el Campo de Cartagena, el equivalente a más de 10.200 campos de fútbol".
Ante ello, WWF pide a las autoridades una acción contundente para mejorar el control de las aguas subterráneas, modificando la Ley de Aguas, ampliando las plantillas y también los recursos de las autoridades del agua. Igualmente demanda finalizar el procedimiento del cierre de todas las extracciones ilegales de los acuíferos y sancionar a aquellos que se saltan la ley cometiendo este delito ecológico contra la naturaleza y la seguridad hídrica de toda la sociedad, y reducir la superficie de regadío.
“No podemos seguir hipotecando nuestro bien más preciado y escaso recurso subterráneo, especialmente ante la certeza del cambio climático que reducirá drásticamente el agua disponible. "La agricultura ilegal y la impunidad de que gozan amenaza no sólo nuestros ecosistemas sino el agua de la que dependen millones de personas cuando no llueve. Reclamamos una acción contundente y eficaz a las administraciones para combatir este delito ecológico contra la naturaleza, nuestra seguridad hídrica y contra aquellos agricultores que sí cumplen con todas las normas”, afirma Rafael Seiz, experto del programa de agua de WWF.
Por ello, ante la elaboración de los nuevos planes hidrológicos, WWF demanda que se incluyan todas las acciones necesarias para abordar este grave problema de manera urgente. Además, la organización reclama que el futuro Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) aborde el problema de la extracción ilegal del agua para el regadío
