El abogado de Ecologistas en Acción, José Manuel Muñoz, ha explicado a Onda Cero que "el sector porcino está absolutamente descontrolado en la región, sobre todo, en el valle de Guadalentín porque la Comunidad Autónoma no controla el número de cabezas de ganado existente, la CHS no vigila la extracción ilegal de agua y la Corporación municipal tampoco comprueba y autoriza cualquier instalación".
La organización ecologista pide que se investigue a doce altos cargos de la Comunidad, a los regantes de Lorca y al consistorio lorquino como posibles autores de delitos de prevaricación.
"La política de la Consejería de Agricultura es permitir la reactivación de las granjas abandonadas, lo que supone que múltiples explotaciones que deberían de haber perdido la licencia del código REGA, se han vuelto a poner en funcionamiento de forma irregular, sin que adaptarse a las normativas que le resultan de aplicación" dice la denuncia.
En la denuncia destacan la gestión inadecuada de los purines y su nulo control. Según Muñoz, hay balsas sin impermeabilizar, reparten purines por terrenos de forma ilegal, los vierten en simas e, incluso, en el Guadalentín mediante cubas. "Es tal el descontrol y la saturación que no hay terreno suficiente en todo el municipio de Lorca para repartir todos los purines que generan con el daño al medio ambiente que conlleva".
Según la organización ecologista, se conceden sistemáticamente licencias a explotaciones ganaderas sin suministro de agua y luego hacen uso de pozos ilegales e incluso de aguas del Trasvase Tajo-Segura a la que no tienen derecho.
"Se han reabierto explotaciones ganaderas de porcino con la licencia caducada. Se ponen a funcionar para sortear los controles de impacto ambiental y luego piden su regularización sabiendo que ni la CARM ni el ayuntamiento de Lorca van a poner ninguna pega".
"En la pedanía de el Esparragal de Puerto Lumbreras, se ha solicitado la reapertura de una granja porcina de 2000 cabezas. Los vecinos consideran que no debe autorizarse la reapertura puesto que está emplazada a menos de 700 metros de un núcleo de población y a menos de 100 metros de varias viviendas unifamiliares, todo ello en aplicación del artículo 5 del RD 324/2000, de 3 de marzo. Y la respuesta de la Consejería ha sido no dar de baja la explotación y permitir la reanudación de la actividad en la granja sin ajustarse a la normativa vigente, pues está autorizada en el Registro desde mayo de 1976".
El Ayuntamiento de Lorca precintó el pasado año una granja porcina ilegal en Cerro Tornajo y la CHS sancionó al mismo ganadero por contaminar el río Turrilla. Una granja porcina de 2.000 cabezas consume unos diez hm3 al año.Tres plataformas vecinales –'Salvemos El Consejero', 'Stop cebaderos junto a viviendas' y Tierras Altas– lideran las protestas contra una actividad económica que consideran molesta y perjudicial para un entorno saludable.
