El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha confirmado que aún no han sacado a licitación el contrato que ha de regular la derivación de mujeres a clínicas privadas para interrumpir su embarazo por razones médicas. "Se están llevando a cabo todos los trámites administrativos necesarios para sacarlo a licitación" dice el consejero.
Según Pedreño ese contrato mejorará "aún más el proceso asistencial de toda mujer que solicita la interrupción de su embarazo". El Consejo de Gobierno del pasado 5 de agosto autorizó el gasto de 6,4 millones para cuatro años, pero no se informó de ello en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo ni se incluyó en el resumen de acuerdos alcanzados pese a la relevancia del contrato.
La diputada del PSOE, Lara Hernández, ha calificado de "vergüenza" el gasto de 6,4 millones de euros cuando esas interrupciones se pueden llevar a cabo en hospitales públicos de la región "en mejores condiciones".
Según la Consejería de Salud, desde el pasado verano el hospital Virgen de la Arrixaca practica abortos por razones médicas, pero solo a partir de la semana 22 y tras pasar la mujer por un comité clínico formado por profesionales del hospital. "Hasta hace muy poco eran derivadas a clínicas en Madrid con 40 euros en el bolsillo para el trayecto y la manutención" denuncia Hernández.
Las embarazadas de menos de 22 semanas que se ven obligadas a abortar por riesgo para su vida o graves malformaciones fetales incompatibles con la vida, siguen siendo derivadas a clínicas privadas "sobre las que no se ejerce ningún tipo de supervisión ni control" denuncia la diputada socialista.
Según datos aportados por la Consejería de Salud a Onda Cero, desde el pasado verano se han practicado dos abortos de más de 22 semanas en la Arrixaca de un total de 12 interrupciones.
La diputada del PSOE, Lara Hernández recuerda que la ley establece que debe haber un registro individual y por escrito de cada uno de los médicos que se declaran objetores, pero ese registro no existe. "Y no vale que se declare objetor todo un departamento" concluye.
Sin noticias de Isabel Franco ni de la directora genera de Asistencia Sanitaria
La plataforma de Mujeres Embarazadas Expulsadas de la Sanidad Pública ha mandado escritos al gerente del hospital Virgen de la Arrixaca, Ángel Baeza, a la directora general de Asistencia Sanitaria del SMS, Isabel Ayala, y a la consejera de Mujer y Familia, Isabel Franco, y de ninguno han obtenido respuesta.
Desde la citada plataforma llevan meses exigiendo lo siguiente:
- Que las pacientes que accedan a la interrupción legal de embarazo vivan este proceso en hospitales públicos del Servicio Murciano de Salud que dispongan de servicio de obstetricia, siendo atendidas por matronas, ginecólogos y demás profesionales, según proceda y con la misma calidad y derechos que el resto de mujeres que dan a luz en dichos hospitales.
- Todo esto con independencia de la edad gestacional, respetando, en los casos que sea necesario, el duelo perinatal de la misma forma que se hace cuando la pérdida es por causas naturales.
- Este proceso se lleva a cabo en varios hospitales del territorio nacional, con los cuales hemos tenido contacto y nos han hecho conocedoras de sus protocolos, por lo que somos conscientes de que esos mismos protocolos se podrían aplicar en el Servicio Murciano de Salud de manera inminente, dando así acceso a estas mujeres a un trato digno y por derecho en la sanidad pública.
- Además, según amparan la Ley Orgánica 2/2010 y el Código Deontológico de la Medicina, la objeción de conciencia debe ser expresada de forma anticipada e individual, por escrito, y de forma comprensible para que la paciente entienda las razones de esta, hecho que no se llevaría a cabo (y no que no se produce en la actualidad) de ser derivadas directamente a clínicas concertadas o privadas.
- Ninguna mujer puede ser derivada mientras que todos los profesionales disponibles no se hayan pronunciado en contra de realizar dicho proceso.
- Por lo tanto, instamos a que se respeten dichos derechos y a que los profesionales cumplan con la ley y con su propio código deontológico, priorizando el derecho de la mujer a ser atendida como cualquier otra embarazada que vive una pérdida en dichos hospitales, sin obligar a nadie a realizar un proceso que choque contra sus principios, pero permitiendo que aquellos que estén dispuestos sí lo hagan, garantizando siempre que el derecho a la objeción de conciencia no implique una vulneración de la ley y de los derechos de la mujer embarazada a interrumpir el embarazo por motivos médicos en un hospital público.
- Que las mujeres que pasan por un proceso de interrupción legal de embarazo por motivos médicos, tengan, como el resto de mujeres que vive una pérdida durante su embarazo, derecho a ver a su hijo/a y a poder despedirse de él/ella con dignidad, así como a tener acceso a un funeral organizado si así lo requieren.
- Que a los bebés nacidos a través de una interrupción legal del embarazo por motivos médicos, si la madre así lo desea, se les realice la necropsia y se estudien las causas del hecho que dio acceso a dicha interrupción, igual que se hace con los bebés que fallecen de forma natural intraútero.
- Que toda mujer que viva una pérdida durante su embarazo tenga seguimiento psicológico gratuito.
- Que toda mujer que acceda a una interrupción legal de embarazo sea derivada a su matrona de zona, así como que se le realice seguimiento por parte de obstetricia y ginecología, tal y como ocurre con el resto de mujeres que sufre una pérdida durante su embarazo.
Un portavoz de la Plataforma de Mujeres Embarazadas de la Sanidad Pública afirma que "es falso que es falso que exista un 95% de objetores de conciencia en la Arrixaca como afirman desde la consejería de salud". Recuerda que tal y como han afirmado matronas y ginecólogos "el problema real no es una objeción de conciencia, es un problema religioso y esa motivación religiosa está por encima de la ciencia, de la técnica y de todo en esta región".
