¿Qué sentido tiene multar con 90.000 euros a personas que suelen declararse insolventes?

Este profesor de Derecho Civil de la UMU se pregunta qué sentido tiene multar con 90.000 euros a personas que suelen declararse insolventes "y a las que no se les va a poder embargar ningún bien para que paguen la multa".

Gabriel Macanás, que considera que la ocupación se ha convertido en "una consigna electoralista con la que unos intentan ocupar el espacio y otros recuperarlo", dice que los datos estadísticos son confusos porque bajan según la Memoria de la Fiscalía General pero suben según datos del Ministerio del Interior.

Macanás, que no considera que la ocupación de viviendas sea un gran problema social en España como se está diciendo desde determinadas instancias política, ha dicho sobre la ocupación de primera vivienda, es decir, donde se vive habitualmente, que se trata de un problema "absolutamente residual y excepcional y, además, se soluciona en pocas horas porque "resulta más que previsible la rápida y efectiva actuación policial".

Según este profesor de Derecho Civil, el total las viviendas privadas ocupadas en España (sin contar las de bancos y de titularidad pública) asciende a 3000 cuando el parque viviendas es de 26 millones "lo que supone un 0,01%".

Sobre la idea generalizada de que la Justicia maltrata a propietario para defender al okupa, Gabriel Macanás ha explicado que para que un juez pueda decidir quién lleva razón, necesita un tiempo y unos recursos de los que ahora carece para administrar justicia de manera rápida. "Es más fácil y barato aprobar una ley que dotar de medios a la justicia para resolver un problema de ocupación en pocos días".

"En un Estado de Derecho garantista, el juez no puede creer de manera automática al denunciante y no se puede echar a patadas a alguien de su hogar por una mera acusación sin examinar alegaciones y pruebas" dice Macanás. "Hay inquilinos legítimos que puede tener un conflicto con su arrendador o hermanos en conflicto por el reparto de una herencia".

"Solo cabe esperar que no se trate de una enorme valla publicitaria con la forma de un Decreto Ley" concluye Macanás.

El gobierno regional ha aprobado un Decreto Ley contra la ocupación que solo afecta a la ocupación de viviendas sociales propiedad de la Comunidad Autónoma que es donde tiene competencias.

Según el consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, son 100 las viviendas sociales propiedad de la CARM ocupadas de forma ilegal de un parque de 2780 viviendas sociales.