El PSOE ha denunciado ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado al consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, a su antecesor en el cargo, Javier Celdrán, y al director general de Informática y Transformación Digital, Javier Martínez Gilabert, por la tardanza del concurso de la televisión autonómica y la adjudicación a una filial de Secuoya de un contrato directo por la vía de urgencia, en la que ve indicios de los delitos de prevaricación, malversación y cohecho.
Los 17 millones fueron adjudicados por el Gobierno Regional mediante “tramitación de emergencia” bajo el paraguas de la pandemia.
Según la denuncia del PSOE ante el Fiscal Anticorrupción, "evidentemente nos encontramos ante un fraude, pues este encargo no responde a ningún acontecimiento catastrófico, ni situación que suponga grave peligro o de ninguna necesidad que afecte a la defensa nacional como marca el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público".
El contrato de la filial de Secuoya para gestionar 7TV expiró en abril de 2020 sin opción de prórroga. Desde entonces, el gobierno regional ha realizado cinco adjudicaciones de “emergencia”. "Estas contrataciones por procedimiento de emergencia no están justificadas, pues la realidad sobre la que versan, el servicio de la televisión murciana no responde a ninguna emergencia" subraya el PSOE en su denuncia.
“Existen indicios más que suficientes para poder entender que nos encontramos ante una contratación fraudulenta que se viene prolongando desde hace ya más de un año. La cinco Órdenes dictadas hasta el momento son de idéntica argumentación, sin ni siquiera haber reparado en adecuar aquellas que se dictaron cuando ya no estaba vigente el estado de alarma. Se sigue aludiendo a esta extinta situación para justificar la contratación de emergencia. Nos encontramos con el hecho consumado de que, a pesar de que el contrato no permite la prórroga, sin embargo, las ordenes realizan el encargo por un monto de 900.000 € al mes y al parecer en las mismas condiciones de derechos y obligaciones que contemplaba el contrato vencido a 30 de abril de 2020" dice la denuncia presentada hoy.
La dirección del PSRM-PSOE considera que la demora en la convocatoria del concurso ha provocado una situación “fraudulenta”, dado que la anterior concesionaria, CBM Servicios Audiovisuales, filial de la compañía Secuoya, ha seguido gestionando La 7 desde entonces mediante un contrato asignado sin ningún tipo de concurso público por lo que habrá ingresado 17,1 millones de euros al acabar este mes de noviembre.
