El presidente de la CHS, Mario Urrea recuerda que lleva meses reiterando que la responsabilidad de la contaminación del Mar Menor y del acuífero por prácticas agrarias inadecuadas es de la Comunidad Autónoma y lo que ha hecho la Fiscalía hoy es dirigirse al organismo competente.

“Es clarificador lo que ha hecho la fiscalía porque marca la hoja de ruta ante de los ciudadanos de a quién compete proteger el Mar Menor”.

Entiende Urrea que el relato que el gobierno regional ha querido instaurar señalando al Ministerio como responsable por no poner en marcha el bombeo del Albujón y por no ejecutar el Plan Vertido Cero ya ha tenido respuesta por parte de la Fiscalía. Todo el mundo entiende que lo que hay que atajar es la contaminación en origen. “No tiene sentido ponerse a pensar en obras cuantiosas si previamente no está definido el modelo agrario que ha de recibir las aguas que se extraigan del acuífero. La CARM debe controlar en origen la carga de nitratos que entra en el acuífero y en el Mar Menor”.

El presidente del organismo de cuenca, Mario Urrea ha dicho que “el incumplimiento de la Directiva de Nitratos venía constatándose desde hace mucho tiempo hasta el punto de que hay una carta de emplazamiento de la Comisión Europea a España por los nitratos donde dice claramente que las comunidades son las competentes en intensificar las buenas prácticas agrarias”.

En el BOE ha salido a información publica la declaración del acuífero cuaternario en mal estado químico que se llevará a junta de gobierno en junio y a partir de ahí habrá un año para redactar un plan de ordenación. “Lo que pretendemos es llevar a esa junta unas medidas cautelares (uso abonos) para empezar a hacer algo porque es necesario actuar ya y si la Comunidad Autónoma no quiere implementarlas tendrá que asumir su responsabilidad porque están obligados a implementar los acuerdos en su normativa” advierte Urrea.

Urrea ha recordado que el Plan Vertido Cero contempla obras que suman más de 600 millones de euros y que la inmensa mayoría de las medidas competen a la CARM y a los sectores agrícolas afectados, pero desde el gobierno regional solo reclaman la parte del plan vertido cero compartida con el Estado cuyas medidas suman más de 200 millones de euros.

La Fiscalía ha acordado enviar este requerimiento a la Consejería como administración pública competente, para que proceda a incoar los expedientes administrativos que correspondan para exigir la responsabilidad ambiental a quienes han podido influir en la contaminación de la laguna salada.

Además, por medio de este requerimiento, la Fiscalía insta a la Consejería a la adopción de las "medidas de prevención adecuadas para la evitación de nuevos vertidos contaminantes al Mar Menor por esos operadores".

En caso de su incumplimiento por parte de los operadores, la Fiscalía pide "que se proceda a la ejecución forzosa de aquellas actuaciones a costa de los responsables, con el fin de devolver los recursos naturales dañados a su estado original".

En este sentido, la Fiscalía apremia a que los operadores económicos que se hayan beneficiado con su actividad, causando un daño al Mar Menor o a su entorno natural, sufraguen "el total de los costes a los que asciendan las correspondientes acciones preventivas o reparadoras, y al margen de cualquier culpa, dolo o negligencia que haya podido existir en su comportamiento".

Asimismo, el expediente gubernativo pide que se proceda a tener por personado al Ministerio Fiscal en esos expedientes administrativos que se inicien, y que se le notifique directamente todas las resoluciones que se dicten.