Mar Menor. La Fiscalía ya ha identificado a 10 operadores económicos para que paguen por contaminar

En declaraciones a Onda Cero, el fiscal superior Díaz Manzanera ha explicado que la Ley 26/07 de 23 de octubre de Responsabilidad Ambiental "ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico un régimen administrativo de responsabilidad ambiental de carácter objetivo e ilimitado, basado en los principios de prevención y de que quien contamina paga, al margen e independientemente de la existencia de otros procedimientos penales, civiles o administrativos".

Díaz Manzanera ha explicado que lo más novedoso es que esa responsabilidad ambiental tiene carácter objetivo, al margen de que se pueda acreditar, o no, dolo, intención o imprudencia por parte de los causantes de la contaminación.

El fiscal ha requerido a la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente para que exija "la responsabilidad ambiental" a los agentes económicos al considerarla "la administración competente". "Debe exigir prevención para evitar más daños como suspensión de actividades, suspensión de licencias, paralización de actos contaminadores, debe exigir la restauración al estado original de esa zona que se ha podido ver perturbada por la acción contaminadora y luego debe exigir la reparación de los daños causados y la indemnización económica correspondiente" explica el fiscal superior.

Díaz Manzanera subraya que en este procedimiento "se prima el valor ambiental que no se entiende satisfecho con una mera indemnización dineraria. Y por eso se exige la restauración de su situación anterior".

"El primer responsable para exigir responsabilidades ambientales es la Comunidad Autónoma por tener en su poder las competencias de medio ambiente. Una actuación del Estado sería más bien subsidiaria en el caso de que no actuase la Administración Regional" ha explicado el fiscal "y por eso hemos instado a la Comunidad Autónoma a que nos tenga por personados en todos los expedientes administrativos y que se nos notifiquen directamente todas las resoluciones que se dicten".

El fiscal advierte de que si las medidas adoptadas por la Comunidad Autónoma no son suficientes, podemos acudir a la vía contenciosa para ese tribunal sea el que exija a esos operadores económicos las medidas de prevención, restauración y reparación.

La Fiscalía ha identificado de momento a 10 operadores económicos "confirmados con actuaciones muy concretas y objetivas que ha realizado la Guardia Civil y periciales que han acreditado los daños causados y que se pueden producir más daños si no se actúa contra ellos que son tanto personas físicas como jurídicas". "Y seguimos identificando a responsables de la contaminación".

Díaz Manzanera admite que llevaban mucho tiempo analizando y valorando actuar mediante la Ley 26/07 de Responsabilidad Ambiental porque no estaba clara la situación jurídicamente hablando. El fiscal ha recordado el caso de llegada del AVE a Murcia donde la Audiencia Nacional denegó legitimación al Ministerios Fiscal. "Eso ha planteado muchas dudas, estudios y discusiones en cuanto a la legitimación de la Fiscalía y en este caso hemos decidido ir adelante al tratarse de contaminación que se está produciendo sobre aguas, suelo, flora y fauna unido a precedentes muy recientes en los que se ha admitido esa legitimación del Ministerio Público".

"Creemos que estamos a tiempo de evitar que se siga produciendo esa contaminación en el Mar Menor y de que se restituya el daño causado" subraya el fiscal superior.

La iniciativa legal impulsada por la Fiscalía es colateral a la investigación judicial del juez Garrote conocida como caso topillo en el que están encausados un centenar largo de empresas y agricultores del campo de Cartagena.