El presidente, López Miras, ha anunciado que ha ordenado a los servicios jurídicos de la Consejería de Educación que analicen todas las opciones jurídicas "para que en la región de Murcia se apliquen todas las contrarreformas necesarias para que esa ley no se aplique en la región de Murcia".
López Miras dice que tiene de su parte el artículo 27 de la Constitución Española.
“Vamos a dar la batalla jurídica y legal para que no se arrebate la libertad de las familias de la Región de Murcia para elegir qué modelo educativo quieren para sus hijos” ha dicho López Miras.
López Miras ha subrayado que “es un ataque frontal a la libertad de educación y al modelo educativo plenamente implantado en la Región de Murcia” donde los padres y madres tienen libertad para elegir el modelo educativo y el centro de sus hijos.
Así, se ha opuesto a la eliminación del “distrito único” porque en la Región “más del 90 por ciento de las familias han podido elegir sin ningún tipo de condicionante a qué centro llevan a sus hijos y, si esta ley prospera, el centro educativo de nuestros hijos dependerá del código postal o del político que esté gobernando en el momento”.
“La Ley conlleva un ataque a la educación concertada”, ha manifestado López Miras, “porque suprime la cláusula de demanda social y puede ser un camino para la supresión masiva de centros concertados, pero desde el PP no lo vamos a permitir”.
Sobre la educación especial el presidente del gobierno regional ha dicho “si hay una comunidad autónoma que ha avanzado en este modelo es la Región de Murcia y esta ley pone en duda el modelo actual”. Así, ha explicado que “los centros en la Región de Murcia han demostrado que brindan una atención educativa altamente cualificada” y ha defendido que “estos centros, al contrario de lo que se nos quiere hacer ver, trabajan también por la inserción de los alumnos en la sociedad, son también centros de inclusión”. En la región de Murcia hay 909 alumnos matriculados en centros de educación especial.
Además, López Miras ha mostrado su oposición a que “se elimine el carácter vehicular del español y que se haga por intereses y contraprestación a partidos que no creen en el interés general como secesionistas catalanes y herederos políticos de ETA”.
Durante su intervención también ha subrayado que la ley Celaá no aborda ninguno de los desafíos del siglo XXI y ha añadido que les preocupa "que pretendan suprimir la oposición para el ingreso al Cuerpo de Inspectores y que estos acaben pasando de ser inspectores educativos a comisarios políticos”.
Por último se ha referido a la asignatura de religión para recordar que el 90% de las familias murcianas eligen libremente que sus hijos cursen la asignatura de religión católica.
