El Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena ha dado 20 días de plazo a la Dirección General de Medio Ambiente para que "ejecute de inmediato un sistema de filtro activo de carbonato cálcico que actúe a modo de barrera reactiva en el perímetro de la balsa Jenny siguiendo para ello las recomendaciones contenidas en la "Guía para la rehabilitación de instalaciones abandonadas de residuos mineros" del Ministerio para la Transición Ecológica, fechado en 2019 y con referencia expresa a la zona minera de Cartagena y La Unión.
Asimismo, la Dirección General de Medio Ambiente debe instalar de inmediato y en el plazo máximo de 20 días una valla perimetral en la balsa Jenny que impida el acceso de personas y fauna al interior del depósito "pues representa un peligro notable".
Respecto de la empresa Portmán Golf, el juzgado también ordena que, en un plazo máximo de 20 días, adopte las medidas necesarias con carácter cautelar y temporal, a fin de que las escorrentías y lixiviaciones detectadas en los últimos días, y que discurren por sus tierras no alcancen poblaciones cercanas, cultivos próximos y las Ramblas de Mendoza y de Ponce, cuyo destino final es el Mar Menor.
En el auto judicial al que ha tenido acceso Onda Cero, se resalta la gravedad de los nuevos vertidos de residuos mineros ocasionados por las lluvias de los últimos días desde la parcela de la antigua balsa Jenny hasta las inmediaciones de Llano del Beal, la rambla de Ponce y el Mar Menor que han producido importantes escorrentías y filtraciones "transportando altas y concentradas dosis de metales pesados como cadmio, plomo, niquel y zinc procedentes, al parecer, tanto de la denominada balsa Jenny, propiedad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (gestionada por la Dirección General de Medio Ambiente) que habría sido presumiblemente sellada de forma inadecuada, así como de terrenos adyacentes, propiedad de la investigada Portmán Golf y que presuntamente presentan igualmente grandes cantidades de metales pesados sin tratar.
El juez advierte tanto a la CARM como a la empresa Portmán Golf que el incumplimiento de lo ordenado podría constituir un presunto delito de desobediencia grave a la Autoridad Judicial. El juez ha librado oficio al Seprona de la Guardia Civil de Cartagena a fin de que verifique y supervise el cumplimento de lo acordado y le pide que lleve a cabo una nueva toma de muestras en la zona, una vez pasen estos días de abundantes lluvias.
