Es la Confederación Hidrográfica del Segura la que tiene que cerrar los regadíos ilegales que hay en el entorno del Mar Menor.
Así lo confirman los servicios jurídicos de la Asamblea Regional en un informe que ya han trasladado a los distintos grupos políticos con representación parlamentaria.
Este trabajo legal se ha realizado a petición de la junta de portavoces tras las dudas que se crearon por una proposición de ley presentada por los socialistas para modificar la ley de recuperación y protección del Mar Menor.
La intención de esta formación era que la Consejería de Agricultura tuviera facultades para cerrar esos regadíos algo que los letrados de la asamblea han rechazado.
Consideran que la Confederación tiene la facultad de otorgar los derechos de aprovechamiento del agua y también tiene la obligación de actuar como policía de cómo se utiliza ese agua.
Sí que reclaman los servicios jurídicos de la asamblea, establecer mecanismos de coordinación y cooperación entre administraciones ya que el gobierno regional tiene competencias en materia medioambiental y de ordenación del territorio.
