Abren diligencias tras una denuncia de Anse y Ecologistas en Acción

Una juez investiga si los consejeros Luengo y Celdrán vulneraron la ley con órdenes de veda de caza

Aprobaron órdenes de veda de caza en 2019 y 2020 sin evaluación de impacto ambiental. En su día dijeron que no era necesario evaluar el impacto.

Rosa Roda

Murcia | 13.11.2020 08:00 (Actualizado 13.11.2020 08:01)

Antonio Luengo y Javier Celdrán
Antonio Luengo y Javier Celdrán | Onda Cero

El juzgado de instrucción número 4 de Murcia ha abierto diligencias previas para investigar si altos cargos y funcionarios de la Comunidad Autónoma pudieron cometer un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente al publicar las órdenes de veda de caza de 2019 y 2020 sin evaluación de impacto ambiental, pese a las supuestas advertencias que en ese sentido habían hecho los servicios jurídicos autonómicos.

La denuncia de Anse y Ecologistas en Acción se dirige contra el conejero Antonio Luengo, su antecesor al frente de Medio Ambiente, Javier Celdrán, y contra los directores generales de Medio Natural, Fulgencio Perona y de Medio Ambiente, Francisco Marín.

El caso se inició a raíz de la denuncia interpuesta por la Asociación de Naturalistas del Sureste y Ecologistas en Acción de la Región Murciana. En su escrito, ambas organizaciones indicaron que la Orden de vedas 2020-2021 (al igual que la Orden de Vedas 2019-2020) había sido publicada el 13 de mayo de 2020 sin someterla a una adecuada Evaluación de Repercusiones sobre la Red Natura 2000, tal y como establecía el Decreto 55/2015 (Plan de Gestión del Noroeste).

Evaluación de Impacto a posteriori.

Para confirmar tales extremos, la Asociación de Naturalistas del Sureste requirió a finales del mes de mayo el expediente completo a la Dirección General del Medio Natural donde se pudo comprobar que tanto la ausencia de Evaluación, como la ilegalidad de la Orden de Vedas habían sido puestas de manifiesto en los informes jurídicos obrantes en el expediente.

Con posterioridad a la petición del expediente y ante el riesgo jurídico existente, el Director General de Medio Ambiente dictó el 10 de junio el informe de Impacto Ambiental “a posteriori” sobre la Orden, para después (12 de junio) convocar de urgencia un nuevo Consejo asesor de caza y pesca para el martes 16 de junio con la intención de dar el “cambiazo” a la orden irregular. Sin embargo, la ausencia de Evaluación Ambiental es un defecto insubsanable, por lo que consideran ilegal la argucia jurídica.

Ecologistas en Acción y ANSE recuerdan que las organizaciones ambientales ya abandonaron el Consejo Asesor de Caza y Pesca hastiados por su inutilidad y su funcionamiento al servicio de los sectores cinegético y piscícola, bordeando los límites legales con frecuencia: en 2017 ya se retuvo una Orden de Vedas de Pesca con el objeto de evitar la aplicación de una sentencia del Supremo sobre Especies Exóticas Invasoras.

Igualmente, debido a la presión del colectivo cinegético se mantiene la caza de especies en declive como a pesar de las advertencias de la UE y la Fiscalía.

Tórtola europea
Tórtola europea | Onda Cero

Las organizaciones esperan que el procedimiento judicial que se abre ahora acabe de una vez por todas por la connivencia de la Comunidad Autónoma con los intereses cinegéticos y piscícolas en detrimento del Medio Ambiente y sirva para iniciar una fase de respeto a los órganos de participación pública y los procedimientos legales.