La escasez de vivienda en la Región de Murcia continúa agravándose y ya es, según los expertos del sector, el principal problema social y económico al que se enfrentan los ciudadanos. Así lo advirtieron Juan Hernández Albarracín, socio y responsable de gestión de proyectos de la consultora HG Patrimonial, y María Luisa Lucas, secretaria general de FRECOM, durante su intervención en la sección mensual 'Construyendo' de Más de Uno Murcia.
Una demanda que duplica a la oferta
Hernández fue contundente al explicar por qué falta vivienda: «en España se están construyendo unas 100.000 viviendas al año, cuando serían necesarias 200.000».
La presión demográfica -con un incremento medio anual de 500.000 nuevos residentes extranjeros-, la reducción del tamaño de los hogares y la fuerte demanda de segunda residencia en zonas costeras han desequilibrado un mercado incapaz de absorber tanta necesidad. En la Región de Murcia, recordó, solo se finalizan en torno a 2.300 viviendas anuales, una cifra insuficiente que empuja los precios mientras castiga especialmente “a quienes menos recursos tienen”.
Más ideología que gestión
El responsable de HG Patrimonial señaló directamente a la administración pública como núcleo del problema.
A su juicio, en los últimos años se ha hecho "más ideología que gestión" en materia de vivienda y eso ha desembocado en un escenario crítico: "el problema ocupaba el puesto 16 hace siete años, hoy es el número uno".
La intervención en el mercado del alquiler, las trabas normativas, la inseguridad jurídica ligada a la ocupación y una fiscalidad que considera "depredatoria" son, en su opinión, factores que han expulsado oferta del mercado y elevado los precios. Como ejemplo, citó el caso de Barcelona, donde la regulación del alquiler ha reducido "casi un 75%" la oferta de arrendamiento permanente.
La factura fiscal: el 30% del precio de una vivienda
Hernández incidió en que «el 30% del precio final de una vivienda son impuestos». En un contexto de encarecimiento de los materiales y falta de mano de obra cualificada -el sector perdió más de un millón de trabajadores tras la crisis de 2008-, los márgenes de los promotores se reducen mientras la recaudación pública crece: «estamos creando una administración pública rica con trabajadores pobres».
Para revertir esta situación, reclamó medidas urgentes: bajar el IVA de la vivienda del 10% al 4%, reducir transmisiones patrimoniales y AJD, recuperar la cuenta ahorro-vivienda para jóvenes y agilizar la producción de suelo edificable.
“Nada que ver con 2008”: ¿habrá burbuja?
Sobre la posibilidad de una nueva burbuja inmobiliaria, Hernández fue categórico: «radicalmente nada que ver con 2008». Argumenta que existe poco suelo finalista y una capacidad productiva insuficiente para satisfacer la demanda, lo que impide una construcción masiva como la que marcó la crisis pasada. Concluyó.
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