La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Pyramidi-Scam’, ha desarticulado una organización criminal integrada por, al menos, una treintena de personas, asentada en Murcia, Tenerife y Alicante y dedicada a la captación y estafa piramidal de sus inversores.
Durante la operación se ha investigado a 31 personas en Murcia, Alicante, Barcelona y Oviedo y se ha detenido a los dos líderes del entramado criminal en Santa Cruz de Tenerife, donde también se ha efectuado un registro domiciliario en el que se ha incautado efectivo, documentación y material informático relacionado con la actividad delictiva ahora esclarecida.
Efectivos especializados de investigación tecnológica de la Benemérita abrieron una investigación tras la presentación de una denuncia en Cabezo de Torres-Murcia en la que una persona manifestó haber sido víctima de una estafa junto a más personas, tanto a nivel regional como nacional.
Los primeros pasos de la investigación permitieron constatar que el engaño consistía en captar personas para realizar inversiones en una futura plataforma digital para realizar compras y ventas, semejante una conocida marketplace (un espacio comercial que sirve como intermediario entre compradores y vendedores).
Modus operandi: estafa piramidal
La actividad delictiva iniciaba con la creación de una marca, a la que se tenía que dotar de credibilidad y prestigio. Esta marca era una plataforma marketplace que aspiraba a competir con las primeras mercantiles del sector de venta online. Según su filosofía incluía compras directas al proveedor, transacciones en euros, inteligencia artificial, monederos de criptodivisas y entregas a domicilio, entre otros servicios, aunque después se ha constatado que sus creadores nunca tuvieron la intención de materializar el proyecto, sino simplemente de lucrarse ilícitamente a costa de sus inversores.
En la cima de la pirámide, según su jerarquía, se situaban los líderes de la trama, que presentaban el proyecto a otras personas a las que les ofrecían unirse a cambio de realizar inversiones en el mismo, con el argumento de que posteriormente generarían suculentos beneficios.
El principal investigado aparecía en algunos videos promocionales de la compañía publicitándose como director en España de la misma. Según los propios investigadores, esta trama transnacional abarcaba numerosos países, como Italia, Reino Unido, Colombia y República Dominicana entre otros, todos ellos con sus respectivos directores.
La puesta en escena para captar objetivos era de película. Se organizaban eventos en prestigiosos hoteles de España y de otros países europeos e, incluso, viajes y cruceros, todo ello con el objetivo de dar la apariencia de una empresa solvente y captar al mayor número posible de inversores/víctimas.
La víctima se convertía en nuevo estafador
La estructura de la estafa era piramidal y seguía el esquema Ponzi, que es un tipo de fraude en inversiones que paga a inversionistas existentes con fondos generados por nuevos inversionistas, con lo que las víctimas consolidadas pasaban a ser los nuevos captadores para continuar buscando futuros inversores.
Además de las inversiones, los estafados tenían que comprar licencias de la mercantil, las cuales posteriormente debían vender para poder obtener un beneficio económico. Por lo tanto, los estafados tenían dos opciones de obtener beneficios, vendiendo licencias o haciendo inversiones con las que se ofrecían unos intereses que se encontraban por encima de mercado.
Para ello, los estafadores crearon una plataforma digital en la que a cada inversor/vendedor de licencias se le garantizaba la posibilidad de ir ascendiendo en la organización en una clasificación gemológica (esmeralda, diamante, doble diamante…). Tenían su propio perfil donde podían visualizar los beneficios económicos que se habían originado, aunque nunca podían disponer de los mismos, por lo tanto los líderes obtuvieron grandes beneficios que se desviaban a cuentas en Lituania o a través de conversión a criptomonedas.
Durante el desarrollo de la operación, los guardias civiles identificaron a la mayoría de integrantes de la organización criminal, que, jerárquicamente, se encontraban en la zona media de la pirámide. Han sido localizadas e investigadas 31 personas que residían en Murcia (9), Alicante (18), Barcelona (3) y Oviedo (1).
Además, se averiguaron las identidades de los dos líderes de la organización, quienes residían en San Isidro-Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), comprobando además que el principal cabecilla también estaba investigando por la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife fruto de informaciones de inteligencia financiera por operaciones bancarias sospechosas de estar relacionadas con el delito de blanqueo de capitales, como la recepción de numerosas transferencias con diversos importes y conceptos a través de una sociedad presuntamente instrumental y sin aparente actividad empresarial en España y sin otros empleados más que el principal investigado, así como, sin oficina física ni gastos propios de funcionamiento.
A partir de ese momento se estableció la investigación conjunta entre las unidades de Policía Judicial y equipos @rroba de la Guardia Civil de Murcia y Santa Cruz de Tenerife. Tras el desarrollo de una ardua y coordinada investigación y una vez obtenidos los indicios necesarios, previa autorización judicial, se llevó a cabo la entrada y el registro en la vivienda del principal investigado, de nacionalidad italiana, junto con su cónyuge, de nacionalidad cubana, también investigada por formar parte de la trama internacional.
En el registro se decomisaron numerosos efectos, tales como: miles de euros en metálico, tarjetas de crédito, ordenadores portátiles, teléfonos móviles, tablets, discos duros y abundante documentación relacionada con la compañía
Los detenidos y los investigados –a los que se les atribuye la presunta autoría de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales–, los efectos incautados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes. La dirección judicial y la coordinación de la operación en su conjunto ha sido realizada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia.
La operación ha sido desarrollada por guardias civiles de la Unidad Orgánica Policía Judicial (EDITE - Equipo de Investigación Tecnológica) y de los equipos @rroba de la Región de Murcia y de Santa Cruz de Tenerife, que han contado con la colaboración de sus homólogos de Alicante, Barcelona y Oviedo.
