La actuación de la Inspección de Trabajo sobre la Formación para el Empleo (FPE) que imparten sin ánimo de lucro sindicatos y organizaciones empresariales, ha hecho saltar todas las alarmas en los centros formativos y educativos a nivel regional y nacional.
La Federación de Empresarios del Metal de la Región de Murcia (FREMM) considera un "disparate" el nuevo planteamiento hecho por la Inspección de trabajo que considera que la contratación del profesorado de los centros de formación para el empleo debe ser ahora por cuenta ajena cuando la práctica totalidad de las entidades en España trabajan desde hace más de 35 años con profesorado autónomo, "algo que conoce el cuerpo de Inspección y habiéndose considerado durante años que era la manera adecuada" señala Alfonso Hernández Zapata, presidente de FREMM.
Desde las organizaciones empresariales consideran que las distintas normas que rigen la contratación en los centros de formación dan pie a una interpretación laxa, por lo que piden al Gobierno de España una solución urgente que garantice la seguridad jurídica evitando así “discrecionalidad” a la hora de aplicarlas, y mientras tanto, la paralización de expedientes en curso.
Desde estas mismas organizaciones se incide también en que la contratación de profesorado autónomo está amparada desde la Unión Europea y por la propia Ley 30/2015 sobre Formación para el Empleo, que contemplan la viabilidad de justificar los gastos de personal con la contratación de profesionales autónomos, y habiéndose considerado que este tipo de contratación permite una mayor calidad en la formación para el empleo.
Ahora, ante el nuevo criterio de la Inspección, se abre la puerta a que, desde cualquier provincia española, se pueda proceder a la revisión directa de la gestión de sus centros educativos en los últimos cuatro años y ser denunciados con el precedente creado.
La inspección en la FREMM que se produjo el pasado mes de mayo y ha puesto en vilo a 13.400 centros de formación de todo el país.
Ante las discrepancias legales que plantea la interpretación de la Inspección de Trabajo, la FREMM alerta de que también pueden verse afectadas las patronales, los sindicatos, las universidades y otras instituciones dedicadas a la formación de los trabajadores. En la lista estarían también los centros de formación profesional, las academias de preparación de oposiciones, que cuentan con profesionales en calidad de autónomos para impartir sus clases.
Empleabilidad ejemplar
El Centro Integrado de Formación Profesional de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia, cuenta con más de 30 años de experiencia y una media anual de 5.000 trabajadores formados, de los que 1.000 son desempleados y de Garantía Juvenil. De estos últimos, 8 de cada 10 encuentran empleo, mientras los 4.000 restantes son trabajadores que se cualifican en los avances del mercado, incluyendo la cualificación en nuevas tecnologías, lo que les está facilitando su promoción dentro de sus empresas, ayudando a la capacitación de las mismas para competir en el mercado global.
La patronal del metal subraya que su centro de formación es un referente nacional e internacional por su calidad en formación y equipamiento de vanguardia de sus talleres. "En las tres décadas que lleva funcionando, se ha acogido a la ley vigente donde todas las fases del proceso formativo del CIFP están sometidas cada año a una evaluación permanente por parte de las administraciones, y que viene superando con éxito en cada ejercicio, siendo ratificados sus resultados y calidad en los controles. Se trata de inspecciones del Fondo Social Europeo, de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de los organismos subvencionadores",
Por ello, desde la federación de empresarios del metal de la Región de Murcia se estima que la Inspección de Trabajo ha escogido a la Región de Murcia como “chivo expiatorio”, existiendo miles de centros que contratan autónomos en el resto de España.
Efecto dominó
La FREMM, una entidad sin ánimo de lucro, advierte de que de prosperar el criterio manifestado desde la Inspección de Trabajo, los centros formativos gestionados por las organizaciones empresariales, sindicatos y empresas privadas en España se verían abocados al cierre, dejando a trabajadores en activo y desempleados sin acceso a una cualificación imprescindible en estos momentos, y en especial, a colectivos vulnerables, entre ellos jóvenes sin empleo (con la elevada tasa de desempleo juvenil registrada en España por falta de cualificación profesional, según datos de Europa), y también a los de larga duración y mayores de 50 años.
A ello se suma la inminente llegada de los fondos europeos Next Generation, donde la formación es uno de los pilares fundamentales, por lo que la inseguridad jurídica actual y la probabilidad de denuncias y cierres de centros educativos suponen una amenaza de extrema gravedad para la recuperación de la economía de la Región de Murcia y nacional, poniéndose en peligro miles de puestos de trabajo.
La Inspección de Trabajo aduce que la organización empresarial es la que pone las aulas y los medios necesarios para impartir la formación, por lo que debe contratar a sus profesores como trabajadores por cuenta ajena.
El presidente de FREMM, Alfonso Hernández Zapata, ha calificado de "auténtico dislate" el nuevo criterio de la inspección y anuncia que interpondrá una demanda contra la Inspección de Trabajo "porque están poniendo en riesgo el empleo de millones de personas".
