La Fiscalía, según el escrito de acusación por el Caso Topillo de contaminación y degradación ambiental del Mar Menor, pide para el ex consejero de Agricultura, Antonio Cerda, pena de 1 año y 9 meses de prisión, multa de 16 meses con cuota de 12 euros diarios, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago del artículo 53 del código penal, e inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público y del derecho de sufragio pasivo durante un periodo de 9 años y costas.
El ministerio Público pide la misma pena para el ex comisario de Aguas de la CHS, Manuel Aldeguer, mientras que pide el sobreseimiento provisional respecto de la ex presidenta de la CHS, Rosario Quesada al considerar que no existen indicios suficientes para armar una acusación fundada en derecho por delito de prevaricación ambiental contra ella. "No consta, dice la Fiscalía, que hubiera dado instrucciones para que no se inspeccionara ni sancionara el uso de instalaciones clandestinas de desalobración" durante los dos años que estuvo al frente del organismo de cuenca.
La Fiscalía dice que Antonio Cerdá, pese a ser la máxima autoridad en la Consejería de Agricultura y responsable de controlar los nitratos agrícolas, "de forma consciente y con la finalidad de no perjudicar al sector agrícola, no dispuso de los medios personales ni materiales para llevar a cabo las inspecciones obligatorias expresadas en los programas de actuación; no estableció qué departamento debía llevarlas o bajo qué autoridad; no concretó el modo en qué debían llevarse a cabo los controles, periodicidad o número mínimo de agricultores que habían de ser inspeccionados; el resultado final es que el régimen sancionador previsto en los programas de actuación nunca se aplicó en materia de control de nitratos".
"En definitiva, es claro que por el acusado, hasta su cese en 2015, se omitió la regulación de un sistema autónomo y eficaz de inspecciones y control de los programas de actuación en materia de nitratos que asgurase su cumplimiento por los agricultores y que posibilitara la aplicación del régimen sancionador a que se remitía la propia orden para los incumplidores" relata el Fiscal.
La Fiscalía subraya que "según el art. 1 del Decreto 21/2001, de 9 de marzo, la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiento bajo la superior dirección del Consejero, es el máximo órgano encargado de la dirección y ejecución de la política del
Gobierno de la Región de Murcia en materia de agricultura, agua, medio ambiente, ganadería y pesca, ejerciendo las competencias que en dicha materia tiene atribuidas. En virtud de este precepto es claro que la Consejería de Agricultura Agua era la responsable de elaborar la normativa afectante al uso agrícola de nitratos en el Campo de Cartagena para cumplir los objetivos expresados en la Directiva nitratos y de velar por su cumplimiento".
Con respecto al ex comisario de Aguas de la CHS, Manuel Aldeguer, la Fiscalía dice que le correspondía la dirección de los servicios de la guardería fluvial y la inspección y vigilancia de las explotaciones de todos los aprovechamientos de aguas públicas y que además tenía delegada la apertura de expedientes sancionadores. Sin embargo, a pesar de tener conocimiento durante años de de la realidad de la existencia de numerosas desaladoras funcionando sin autorización alguna y que, en su mayoría se conectaban con un salmoreoducto que vertía directamente al Mar Menor, no adoptó decisión alguna para su inspección, sanción y desmantelamiento "consintiendo una situación de ilegalidad y falta de control de los vertidos que colisionan frontalmente con las funciones asignadas a la Comisaría de Aguas que él mismo dirigía".
La Fiscalía acusa a medio centenar de agricultores y empresas agrícolas
Sobre la responsabilidad de los agricultores, el Ministerio Público acusa a casi medio centenar de agricultores y empresas agrícolas del Campo de Cartagena. El Ministerio Público sitúa el origen del problema "la insuficiencia de las dotaciones de agua provenientes del Trasvase Tajo-Segura durante los periodos de sequía prolongados y las controversias de índole político que hicieron calar en el sector agrario el temor a una mayor disminución de caudales del trasvase y que la supervivencia del modelo productivo del campo de Cartagena necesariamente pasaría por la desalación".
"En ese pensamiento y con objeto de asegurarse la viabilidad de sus explotaciones agrarias, y ante la imposibilidad de utilizar de manera directa el agua de los pozos por la alta conductividad que la hacía inhábil para el riego de algunos de los cultivos que se desarrollan en el campo de Cartagena, muchos agricultores se lanzaron a la adquisición de máquinas desaladoras del agua subterránea careciendo de cualquier tipo de autorización o control para el vertido de la salmuera resultante del proceso. En muchos de los casos la extracción se realizó desde pozos clandestinos, no autorizados, y careciendo a su vez de contador o elementos de control que permitiesen racionalizar su uso" relata la Fiscalía en su escrito de acusación.
Estos niveles, según la Fiscalía, que apoya sus conclusiones en diversos informes científicos, "sobrepasan con claridad el límite fijado por la normativa como cantidad máxima admisible, que se concreta en 50 mg/litro para las masas de agua subterráneas en la directiva marco del agua".
Según el Ministerio Público, "a ese incremento en el uso de desaladoras también contribuyó la permisividad de la Confederación Hidrográfica del Segura, pues los agricultores veían como a pesar de haber suministrado datos para la geolocalización de sus máquinas a COAG y a personal de la CHS, aunque no se les legalizara las instalaciones tampoco se les sancionaba".
La Fiscalía pide para las empresas y agricultores acusados penas que van desde los 5 meses hasta los 6 años de prisión, además de responsabilidades civiles que llegan hasta la cifra en algún caso de 1,4 millones de euros por el daño ocasionado en el medio ambiente.
El Gobierno Regional era consciente de la contaminación
La Fiscalía cita un escrito dirigido desde la Dirección General de Calidad Ambiental al Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura en fecha de 29 de octubre de 2004, se indicaba que “en cuanto a los vertidos, la puesta en regadío del Campo de Cartagena, a raíz del trasvase Tajo Segura, es el principal responsable de la subida del freático y del flujo de aguas a la rambla del Albujón, aportando un elevado contenido en nutrientes, principalmente nitratos, que actualmente alcanza concentraciones en el agua diez veces mayores que hace doce años”.
Además, la Fiscalía recuerda que el catedrático de ecología de la UMU, Ángel Pérez Ruzafa, declaró en sede judicial que el desencadenante de la eutrofización del Mar Menor ha sido la entrada de nitratos, algo que lo que alertó en 2002 al Gobierno Regional de Valcárcel.
Pérez Ruzafa declaró que "Que el desencadenante de la eutrofización en el MM ha sido la entrada de nitratos, que en un informe del año 2002 ya se hacía constar que los niveles de nitratos del acuífero eran muy altos. Que tenían encomendado el seguimiento del MM, pero que se lo retiraron, porque según el Consejero de Agricultura, ellos iban contra la agricultura, aunque después continuaron con los seguimientos entre los años 2005 y 2013. Que los vertidos de las desaladoras constituyen un gran peligro para el Mar
Menor. Que si se hubieran reducido las aportaciones de nitratos por la agricultura y los vertidos directos no se habría producido la situación de eutrofización de la laguna. Que el estado trófico del Mar Menor comenzó a cambiar a principio de los
años noventa, y que el sistema se ha ido defendiendo hasta que no ha podido más. Que en el año 2015 ya comenzó a dar muestras de forma alarmante de que se desviaba de la normalidad. Que los primeros síntomas comenzaron en los años noventa y los dos mil, como la proliferación de medusas".
La situación comenzó a fraguarse en lo años 70
La Fiscalía concluye que la degradación del Mar Menor comenzó a fraguarse con la llegada de las aguas del trasvase. "La cuenca de drenaje de la laguna está constituida en su mayor parte por el Campo de Cartagena, una amplia extensión de terreno de más de 1.000 km2 dedicada en su mayor parte a la práctica de la agricultura intensiva de regadío, en la que se utilizan grandes cantidades de abonos y plaguicidas y que, en gran medida, se sitúa sobre la masa de agua subterránea Campo Cartagena. Esta situación comenzó a fraguarse tras la implantación del trasvase Tajo-Segura en la década de los años 70, sustituyéndose los cultivos tradicionales de secano por los de regadío y supuso la mayor fuente de nitratos que por escorrentía o infiltración afectó paulatinamente al acuífero y a al Mar Menor en la forma vista anteriormente.
"La contaminación de las aguas causada, en determinadas circunstancias, por la producción agrícola intensiva, es un fenómeno cada vez más acusado que se manifiesta, especialmente, en un aumento de la concentración de nitratos en las aguas superficiales y subterráneas, así como a la eutrofización de los embalses, estuarios y aguas litorales. De hecho, entre las fuentes difusas que contribuyen a la contaminación de las aguas, la más importante actualmente es la aplicación excesiva o inadecuada de los fertilizantes nitrogenados en la agricultura."
Un informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor, de febrero de 2017, concluyó que "en el Campo de Cartagena se ha desarrollado una agricultura de regadío basada inicialmente en los recursos subterráneos, que tras la llegada del trasvase Tajo-Segura en
1979 aumentó de forma significativa. Trabajos realizados con teledetección han mostrado que sólo entre 1988 y 2009 el regadío de la cuenca pasó de unas 25.150 hectáreas a unas 60.700 hectáreas, un 141% más (Carreño, 2015). La transformación a regadío se ha reactivado en los últimos años, estimándose la existencia de entre 15.000 y 20.000 hectáreas de regadío al margen de las cifras oficiales.”
El Ministerio Público estima que el acuífero acumula más de 371.000 toneladas de nitratos y que la rambla del Albujón tuvo que ser declarada "zona sensible" en 2011 y como afectada por nitratos de origen agrario".
Por último, un informe pericial realizado a petición de la Fiscalía advierte de que "los daños causado al Mar Menor se prolongarán y agudizarán en el futuro de no prevenirse, evitarse y repararse a la mayor brevedad posible".
Según el informe pericial, "entre las causas de tal deterioro, cabe destacar por su importancia el actual modelo de desarrollo del regadío del Campo de Cartagena supone un grave riesgo de perjuicio sobre el equilibrio de los sistemas naturales del Mar
Menor. En especial en lo referente a la liberación al medio natural de aguas contaminadas con fertilizantes y pesticidas sin depuración".
