En una providencia al juzgado de instrucción número 5 de Cartagena que investiga la muerte de aves en las balsas de Zincsa propiedad de la mercantil Cartagena Parque S.A, el fiscal Fulgencio Pérez Frutos afirma que "la aparición de aves muertas en esos terrenos es solo la punta del iceberg de una auténtica bomba de relojería contra el Medio Ambiente" y entiende que se pueden estar produciendo conductas delictivas contra el medio ambiente recogidas en los artículos 325 a 328 del Código Penal.
El Fiscal pide al juez que requiera a la mercantil Cartagena Parque para que proceda al inmediato sellado de las basas existentes. "Sellado que deberá comprender, tanto que se evite cualquier tipo de lixiviado por escorrentías tanto de aguas subterráneas como superficiales, así como las medidas oportunas para evitar el posible efecto eólico sobre las sustancias tóxicas" dice el fiscal. "Y en caso de que la entidad Cartagena Parque no atienda a dicho requerimiento, que por parte de la Dirección General de Medio Ambiente se proceda a la práctica de dicho sellado a su costa".
El fiscal subraya que los hechos que puso de manifiesto el informe del Seprona de la Guardia del pasado 15 de octubre "alcanzan una dimensión muy superior al inicial riesgo para determinadas aves, sino que dicho riesgo existe también, y de forma especialmente grave, para la salud de las personas, no ya sólo por la cantidad de metales pesado que refleja el detallado informe, tales como cobre, zinc, arsénico, cromo, cadmio o níquel, que en las balsas analizadas multiplican hasta por varios millones (no es un error millones), el límite máximo permito sin que exista riesgo para la salud de las personas, sino que a eso hay que añadir la ubicación de los terrenos donde se encuentran las mismas, a saber, en zonas muy próximas a núcleos de población".
El 19 de noviembre de 2019, el investigador José Matías Peñas, difundió un vídeo denunciando la muerte de aves protegidas en las balsas de Zincsa.
El pasado mes de octubre, el Juzgado de Instrucción 5 de Cartagena recibió un informe del Seprona de la Guardia Civil en el que denunciaba el daño ambiental continuado de las balsas de Zincsa y su grave riesgo para la salud. Avisaban al juez del peligro de rotura de los depósitos, de la muerte de más aves, de la contaminación del agua y del empuje de residuos hacia Torreciega y Cabezo Beaza.
Ahora, el citado juzgado ha imputado a la mercantil Cartagena Parque S.A. y ha requerido a la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente para que informe a la mayor brevedad de las medidas que está adoptando y de proyecto para vaciar y sellar las balsas con residuos tóxicos peligrosos.
