El titular del juzgado de Instrucción número 7 de Murcia acordó la semana pasada incoar diligencias previas por la denuncia por cohecho presentada por Podemos e Izquierda Unida contra López Miras, y al secretario general de la Consejería de Salud, Andrés Torrente. El juez emplazó a la Fiscalía a pronunciarse sobre la viabilidad jurídica de la denuncia y se ha pronunciado proponiendo el archivo:
El fiscal Juan Pablo Lozano entiende que lo publicado en la noticia de INFOLIBRE en la que Podemos sustenta la denuncia "no es bastante para justificar mínimamente la comisión de delito alguno por los denunciados".
Considera el fiscal que "debería dictarse auto de sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones por entender que tales certificaciones de fecha 8-6-2021, unido la ausencia de indicios mínimos aportados que justifique el carácter penal de los hechos denunciados, permiten inadmitir a trámite la denuncia". Aunque pide el archivo, ve indicios de prevaricación en lo acontecido, pero por parte de los médicos y siempre que se pudiesen acreditar los hechos.
"Estos hechos, de ser ciertos, no podrían ser constitutivos de delito de delito de cohecho como se califica en la denuncia, ni tampoco en la figura delictiva próxima del delito de tráfico de influencias. De ser ciertos, serían en su caso, constitutivos de un delito de prevaricación", dice.
El fiscal ve "incoherente la actuación procesal de los denunciantes (Podemos), al omitir como denunciado a un aforado mencionado en la denuncia", que es el ciezano Teodoro García Egea.