Preocupación máxima en empresas de alimentación de la Región de Murcia que han recibido una carta del Ministerio de Trabajo, concretamente, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social instándoles a hacer fijos a trabajadores fijos discontinuos o, de lo contrario, recibirán una visita de los inspectores de trabajo.
En Onda Cero hemos tenido acceso a una de esas cartas remitidas a una empresa de la Región donde el Ministerio insta a hacer fijos a 57 trabajadores fijos discontinuos.
"Del examen de las relaciones laborales, se comprueba que, actualmente, esta empresa mantiene en alta a personas trabajadoras que han sido contratadas como fijas discontinuas, alcanzando un periodo de alta superior a dos años en la empresa en los últimos cuatro años y con una vinculación superior al 87,5% durante el tiempo transcurrido desde la primera contratación realizada en dicha ventana temporal, lo que equivale en términos anuales a una vinculacion de, al menos, 10 meses y medio en un periodo de 12 meses" dice la carta.
En la misiva también se advierte a la empresa de que "aquellos contratos que no sean transformados serán objeto de la correspondiente actuación inspectora" y que "los incumplimientos empresariales relativos a la transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales se encuentran tipificados como infracción grave".
Según el abogado laboralista Ricardo Ruiz, que representó a la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas en la reunión que mantuvieron hace unos veinte días con la Subdirección General de Relaciones con la Inspección del Ministerio de Trabajo, "el coste de hacer fijos a trabajadores fijos discontinuos es imposible para las empresas".
El pasado mes de mayo el Ministerio de Trabajó envió cartas a 83.000 empresas de toda España a entender que se podría estar cometiendo fraude en la contratación con los contratos temporales y los fijos discontinuos.
"Durante la reunión pregunté varias veces de que fraude se trataba y a final dijeron que fijos discontinuos podían estar recibiendo prestaciones por desempleo que no les correspondían, pero ya les dijimos que si ese era todo el problema bastaba con decirle al SEF (Servicio Empleo y Formación) que donde entendieran que se cometía un fraude que no se concediera la prestación por desempleo y así dejaban tranquilas a miles de empresas de alimentación de toda España que están muy preocupadas. Hemos solicitado más reuniones con el Ministerio de Trabajo y vamos a ver qué pasa" relata el abogado Ricardo Ruiz.
Desde el Ministerio de Trabajo aún no han respondido a las organizaciones empresariales. Ruiz confía en que desistan en sus pretensiones de obligar a las empresas de alimentación a hacer fijos a fijos discontinuos y que se alcance una solución amistosa y, sobre todo, legal. "Porque el problema está en que si te obligan y te niegas, te pueden sancionar y con la reforma la laboral, las sanciones son muy importantes. Y luego podrás ganar eso en un procedimiento judicial o no, pero mientras tanto puedes tener pendientes cientos de miles de euros que son ejecutivos" dice Ruiz.
Las sanciones por el uso fraudulento de la contratación temporal se han elevado desde un máximo de 8.000 euros a un máximo de 10.000 euros y se aplican por cada trabajador en fraude y no por empresa, como antes.
