La vicesecretaria general del PSOE de Cartagena y diputada regional, Carmina Fernández, ha declarado que es inadmisible que el Gobierno regional permita la contaminación medio ambiental y siga poniendo en riesgo la salud de la ciudadanía de Cartagena.
Fernández ha afirmado que "el ejecutivo de López Miras no ha movido un solo dedo para proceder al sellado de las balsas y la descontaminación de los terrenos".
“Las balsas de ZINSA continúan sin vaciar pese a que la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente dio 10 días en 2019 para sacar los desechos y entregarlos a un gestor autorizado”, ha denunciado.
Fernández ha explicado que el informe del SEPRONA es demoledor, afirmando de manera rotunda, los graves daños para la salud y el medio ambiente que está produciendo la inacción del Gobierno de López Miras.
“Las filtraciones de los contaminantes son el anuncio de un colapso que estamos denunciando públicamente desde hace años y tanto López Miras como el Partido Popular no están haciendo absolutamente nada”, ha insistido.
“El Partido Popular ha desmantelado el servicio de medio ambiente de la Comunidad, desprotege el medio natural, hace caso omiso de las actuaciones de la Fiscalía y de los informes de la Guardia Civil y pone en grave riesgo la salud de los ciudadanos de Cartagena”, ha afirmado.
“El Gobierno regional de López Miras se niega a resolver los graves problemas de contaminación de Cartagena como son las zonas del Hondón, la Sierra Minera y el Mar Menor" dice la diputada.
Un informe del SEPRONA demoledor
Un informe del SEPRONA remitido al Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena, advierte de los graves daños para el medio ambiente y la salud que están produciendo las balsas de Zinsa.
El informe de la Guardia Civil advierte al juez del peligro de rotura de los depósitos, de la muerte de más aves, de la contaminación del Mar Menor y del empuje de residuos a Torreciega y Cabezo Beaza. Los terrenos son ahora propiedad del promotor Tomás Olivo que en noviembre de 2019, tras la aparición de aves muertas, se ofreció a vallar los terrenos contaminados de Española del Zinc, ubicados en el barrio de Torreciega, y así minimizar los posibles daños que pudiera ocasionar en su entorno.
La consejería de Medio Ambiente ha vuelto a ordenar a la actual empresa propietaria que vacíe este vertedero como exigen los vecinos.
La Fiscalía abrió una investigación en 2019
En noviembre de 2019, la Fiscalía de Medio Ambiente decidió investigar la muerte de aves protegidas en las balsas de ácido sulfúrico de Zinsa en Cartagena tras la difusión de un vídeo por parte del investigador José Matías Peñas.
El edafólogo, José Matías Peñas, invitó entonces al consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Luengo a meter la mano en la balsa de ácido sulfúrico que se había convertido en una trampa mortal para decenas de aves protegidas.
El vídeo mostraba los cadáveres de aves muertas, algunas momificadas por el efecto del ácido, ante la indignación del investigador que dijo que "las denuncias presentadas ante la CARM y la Fiscalía se las pasan por los huevos". Matías Peñas habló de "asesinato" y advirtió de que los niños de la pedanía de Torreciega van a jugar junto a las balsas con el peligro que eso conlleva porque carecen de vallado.
Olivo compró los terrenos tras quebrar Quorum
El empresario cartagenero desembolsó 1,5 millones de euros para hacerse con la parcela de Española del Zinc en una subasta judicial, tras quebrar la inmobiliaria Quorum, que era propietaria de los terrenos. Olivo tenía la obligación expresa de descontaminar los terrenos que cuentan con una superficie de 480.466 metros cuadrados.
