El gobierno regional aprovecha la pandemia para modificar la Ley de Puertos y facilita el uso comercial de pantalanes y escolleras.

El consejero de Fomento, José Ramón Diez de Revenga, que hasta agosto de 2019 que vendió las acciones era el dueño de una empresa de ingeniería encargada de redactar proyectos de obras en puertos, llevó al Consejo de Gobierno un Decreto Ley de tal forma que todo lo relativo a puertos queda en sus manos. Algo que desde la asociación Ecologistas en Acción califican de “peligroso y sospechoso” ya que nada pasará ya por el Consejo de Gobierno. Es más, a partir de ahora ni el calendario de actividades náuticas requerirá ya de los informes previos de las consejerías de Turismo y Deportes.

El gobierno regional ha reformado la Ley de Puertos de la región de Murcia mediante un Decreto ley que se ha tramitado sin participación pública. Según el preámbulo del Decreto Ley publicado en el BORM el pasado 28 de abril, el Ejecutivo murciano ha considerado necesario modificar la Ley de Puertos como una de las primeras medidas para mitigar el impacto de la pandemia en el área de infraestructuras. Argumenta que “pretende adaptarla a la lucha contra el cambio climático que demandan clientes internacionales y profundizar en el fomento de la cultura de la sostenibilidad”.

Según un informe de Ecologistas en Acción al que ha tenido acceso Onda Cero, las modificaciones de la ley diseñadas a instancias del consejero de Fomento amplía los usos comerciales que se podrán autorizar en las zonas de servicio portuarias, para que también se puedan hacer en las instalaciones portuarias fijas. Esto supone autorizar la instalación de locales comerciales en instalaciones fijas como pantalanes, muelles y escolleras ubicadas ya en la lámina de mar con el grave impacto paisajístico y sobre la dinámica de vientos que puede suponer.

El decreto ley estipula además que las concesiones para puertos pesqueros, deportivos y zonas portuarias de uso náutico-deportivo que hasta ahora corresponde otorgar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma pasan a ser competencia exclusiva del consejero de turno en materia de puertos de forma que las concesiones escaparán al control jurídico y administrativo propio que conllevan las decisiones del Consejo de Gobierno. Las autorizaciones pasan a ser competencia del Director General en materia de puertos.

Según Ecologistas en Acción, las modificaciones del articulado de la Ley de Puertos permitirán que las concesiones y autorizaciones puedan ser otorgadas de forma directa, es decir, “a dedo”, a cualquier entidad sin ánimo de lucro sin necesidad de que ésta deba tener la declaración de utilidad pública como ocurría hasta ahora. Además se elimina la posibilidad de dejar desierto un concurso si no se cumplen las condiciones. "Se abre por tanto la posibilidad de que si no concurre nadie más se la lleve el que se presente, aunque no cumpla los requisitos" reza el informe.

También se elimina la necesidad de presentar el proyecto básico o de construcción junto con la solicitud para la concesión o autorización portuaria. A partir de ahora bastará con la presentación de una memoria descriptiva del proyecto y se suprimen los informes obligatorios hasta ahora de las cofradías de pescadores afectadas.

Por último se amplía de facto el plazo de las autorizaciones portuarias a quienes ya las tienen, pasando de 5 años máximo a 15. Esta ampliación de la concesión queda supeditada a un requisito subjetivo que es que el responsable de la consejería juzgue que dicha autorización es “favorable para la consecución del interés público”. De esa forma se hace casi imposible que las autorizaciones para la realización de actividades o prestación de servicios en espacios portuarios cambien de manos durante 15 años pues queda a criterio del Director General de turno con competencias en puertos.

Son 17 los puertos marítimos pesqueros y deportivos de la región de Murcia cuya actividad regula la Comunidad Autónoma.

El portavoz de Ecologistas en Acción, Pedro Luengo, subraya que se ha modificado una ley de puertos “sin participación pública de ningún tipo y sin que esté justificada la urgencia y la necesidad” y añade que “el hecho de que se fomente hacer obras en los puertos va en contra de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. En el Mar Menor, por ejemplo, lo que hay que hacer es eliminar puertos y no fomentar nuevas obras en ellos. Creemos que solo quieren mantener la red clientelar del PP” concluye Luengo.

Ecologistas en Acción, que confía en que los grupos parlamentarios no convaliden el decreto ley, sostiene que "el gobierno regional, para justificar la modificación de la ley de puertos, mezcla la existencia de una pandemia con fenómenos meteorológicos y desastres ambientales en la región, como si tales desastres se viesen mitigados por medidas como la reducción del canon a los puertos deportivos”.

Los puertos deportivos del Mar Menor, según Ecologistas en Acción, presentan una de las mayores densidades de la costa mediterránea y están alterando los flujos hídricos y de sedimentos y provocando severos problemas de enfangamiento y baja renovación del agua, entre otros impactos ambientales que alteran las comunidades biológicas de la laguna.

Por su parte la profesora de ecología e hidrogeología, Julia Martínez, ha dicho que la reforma de la ley de puertos que ha aprobado el gobierno regional "va en contra del Plan de Gestión de Usos del Mar Menor que aprobó a finales del año pasado y demuestra el nulo compromiso del gobierno regional con la recuperación del Mar Menor". "No solo habría que eliminar puertos es que hay que hacer de manera urgente que sean permeables y no frenen el agua que causa el enfangamiento. Lo que han aprobado va en la dirección contraria".

Se da la circunstancia de el gobierno regional del PP ya intentó en 2016 modificar la Ley de Puertos de la región de Murcia como proposición de ley que finalmente retiró al no tener asegurados los votos necesarios. El diputado del PSOE, Pedro López, ha dicho que están estudiando recurrir el citado decreto ley ante el Tribunal Constitucional "porque no está justificada la necesidad ni la urgencia y porque están utilizando la pandemia para introducir cambios que no responden ni al interés general, ni al interés ambiental".

José Ramón Díez de Revenga, a los pocos días de ser nombrado consejero de Fomento en agosto de 2019, se deshizo de sus acciones en la empresa de ingeniería AZENTIA, aunque nunca desveló a quién vendió o traspasó las acciones.

En marzo de 2019, durante su etapa como director general de Transportes Costas y Puertos, tuvo que comparecer ante la Comisión de Investigación sobre la revisión de Contratos, Avales y Subvenciones Públicas de la Asamblea Regional tras desvelar Onda Cero que los puertos de Lo Pagán y Las Villas de San Pedro recurrieron precisamente a su empresa AZENTIA Ingeniería S.L. para que redactara sus proyectos de obras de ampliación. Ambos puertos habían solicitado al gobierno regional prorrogar la concesión condicionada por Ley de Puertos del Estado a obras de mejora y eficiencia energética, cuya tramitación supervisó y autorizó la dirección general de Puertos siendo titular Díez de Revenga, aunque éste aseguró haberse inhibido en los expedientes administrativos. “Yo esos expedientes ni los huelo, saltan directamente al consejero" declaró a Onda Cero.