El Consejo de Gobierno aprueba esta semana un Decreto Ley contra la okupación

El presidente Fernando López Miras ha anunciado en Onda Cero la aprobación de un Decreto Ley contra la ocupación ilegal de viviendas en la región de Murcia ante la inacción del gobierno de España. Ocupación ilegal que López Miras vincula con mafias organizadas y no con problemas de necesidad.

El decreto ley irá al Consejo de Gobierno de esta semana. López Miras está convencido de que se trata de “un gran problema social en España al que no está dando respuesta el Gobierno de España". Según López Miras ha destacado que "en España se están produciendo 40 denuncias diarias por okupación de viviendas.

Por ejemplo habrá sanciones de hasta 90.000 euros a personas que ocupen una vivienda social y de 15.000 euros a quienes instiguen la ocupación. No se podrá optar a la propiedad de una vivienda social si se tiene un condena en los últimos diez años por ocupación de una vivienda. El Decreto Ley obligará a las empresas de servicios (luz, agua, gas....) a comprobar que aquellas personas que lo solicitan son los legítimos propietarios de la vivienda "y si no es así deberán ponerlo en conocimiento de las administraciones".

Sobre la puesta en marcha las 24 horas del Servicio de Hemodinámica del hospital Santa Lucía comprometido para este año por el gobierno regional, el presidente López Miras ha dicho que “hay plan y presupuesto pero que la pandemia de coronavirus ha frustrado muchos planes sanitarios”. Confía en que esté funcionando antes de que finalice este año 2020.

Sobre el líder de Movimiento Ciudadano, José López, el presidente López Miras cree que "Cartagena no debe ser conocida por las salidas de tono y la mala educación de sus líderes".

Aunque el Consejo de Gobierno del pasado 24 de septiembre informó a favor de que el tercer Juzgado de lo Mercantil se ubicase en Murcia capital y no en Cartagena (así consta en el acta) y así informó en rueda de prensa la consejera portavoz, Ana Martínez Vidal, el presidente López Miras ha declarado hoy que solicitaron que se ubicase en Cartagena. El consejero de Presidencia y Hacienda , Javier Celdrán, ante la indignación de abogados y procuradores de Cartagena, realizó una enmienda de adición posterior al acuerdo del Consejo de Gobierno del 24 de septiembre que remitió al Ministerio de Justicia el 29 de septiembre solicitando que el tercer juzgado de lo Mercantil se ubique en Cartagena.