La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, en manos de Ciudadanos, lanzará este mes una consulta pública a la ciudadanía, a través de la plataforma de participación ciudadana, https://participa.carm.es/ para recabar aportaciones y sugerencias que permitan actualizar el Código de Conducta de los Altos Cargos, integrado en Sistema de Integridad Institucional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La consejera Beatriz Ballesteros ha explicado que “el Código de Conducta de los Altos Cargos es un instrumento de autorregulación que cumple una función preventiva que debe evolucionar y adaptarse a las exigencias del entorno en materia de integridad y a los nuevos requerimientos sociales de cada momento. Es por ello que queremos abrir a la ciudadanía la posibilidad de enriquecer un documento de obligado cumplimiento moral para cualquier cargo público”.
Transcurridos casi dos años desde la aprobación del Código de Conducta de los Altos Cargos, “se hace preciso adaptar el mismo a las nuevas demandas y requerimientos de la sociedad en materia de ética e integridad pública, que vienen, en gran medida, influenciados por los nuevos retos que la pandemia de la COVID-19 plantea para la gestión pública”, apunta la consejera
Este proceso participativo se llevará a cabo una vez finalizada la consulta que actualmente se está llevando a cabo con 9.265 empleados públicos, en el marco del proyecto ‘SCEMAPS’, impulsado por la Comisión Europea, para elaborar el Mapa Regional de Riesgos de la Corrupción.
Este mapa es una de las medidas recogidas en la Estrategia de Gobernanza Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el periodo 2020-2023 cuyo objetivo es definir las líneas y objetivos fundamentales que en materia de gobernanza pública va a impulsar y poner en marcha la Administración región.
Transparencia ha prouesto a más de 9.000 empleados de la Comunidad participar en una encuesta sobre medidas anticorrupción.
Esta iniciativa forma parte del proyecto ‘SceMaps’, que impulsa la Comisión Europea, la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública y la Fundación Ciudadana Civio.
