"A pesar de estos progresos, la Comisión considera que el Reino de España debería tomar medidas adicionales que aceleren la recuperación medioambiental del Mar Menor y aseguren el cumplimiento de las obligaciones que se desprenden de la legislación aplicable de la UE. Por ello, dentro del marco de sus atribuciones, la Comisión ha impulsado diversas acciones que avanzan en esa dirección de forma estructural".
Así ha respondido la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea al investigador, José Matías Castejón, que en 2019 presentó una queja por presunta vulneración de la legislación de la Unión Europea en materias de medio ambiente y protección radiológica de plomo en los municipios de Cartagena y La Unión.
La Dirección General de Medio Ambiente descarta "abrir un procedimiento de infracción" al no haber hallado "indicios de infracción a la legislación de la Unión aplicable en materias de medios ambiente y protección radiológica". Matías Peñas considera que los diques de contención que el Ministerio de Transición Ecológica en las ramblas de la sierra minera "no son los adecuados ya que no frenan la contaminación por metales pesados del Mar Menor".
La Dirección General de Medio Ambiente recuerda en su informe que la Comisión Europea "ha iniciado un procedimiento de infracción contra España en relación con las deficiencias estructurales en la gestión de los espacios de la Red Natura 2000 mediante la definición y establecimiento de medidas de gestión y objetivos de conservación adecuados para cada uno de ellos, incluido el Mar Menor".
En el marco de dicho procedimiento, la Comisión decidió notificar una carta de emplazamiento complementaria al Reino de España el pasado 2 de julio de 2020. "Si, una vez analizadas las observaciones remitidas por las autoridades españolas, se constata la ausencia de suficiente progreso, la Comisión podría decidir emitir un dictamen motivado".
La Comisión ha igualmente instruido un procedimiento de infracción con el fin de que el Reino de España tome las medidas requeridas por la Directiva sobre los Nitratos para evitar la eutrofización en el conjunto de su territorio y, en particular, en el Mar Menor. La
Comisión decidió remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE en diciembre de 2021.
Por otra parte, y en lo que respecta a la Directiva marco sobre el agua, el informe de la Dirección General de Medio Ambiente al que ha tenido acceso Onda Cero, la Comisión Europea ha iniciado una investigación horizontal en la que ha examinado los planes hidrológicos de cuenca y sus revisiones, con el objeto de señalar a las autoridades españolas las principales deficiencias estructurales identificadas. "Una vez concluida la evaluación de los planes de cuenca de tercera generación, cuyo proceso de adopción aún no ha concluido, la Comisión tomará las medidas que considere oportunas para exigir el cumplimiento de las obligaciones de la Directiva, lo que podría resultar en un nuevo procedimiento de infracción" dice.
Matías Peñas critica los diques de contención acometidos por el MITECO
El investigador José Matías Peñas Sánchez Castejón ha explicado en Onda Cero que los 60 diques de laminación han sido construidos con el objeto de evitar que los residuos mineros peligrosos alcancen el del Mar Menor "éstos tienen un doble efecto de impacto muy negativo para la salud publica y el medioambiente. De un lado, al quedar retenidos estos residuos peligrosos en los cauces de las ramblas se da origen a nuevos depósitos de residuos peligrosos donde antes no existían, quedando los mismos disposición de la actuación de los procesos erosión eólica, que los dispersa al aire ambiente provocando la contaminación por metales pesados del aire ambiente que respiran los ciudadanos que habitan en los márgenes de estas ramblas y la de los suelos agrícolas que se encuentran cultivados con hortalizas y verduras".
Por otra parte, añade Matías Peñas, "únicamente quedan retenidos en estos diques los residuos del caudal solido transportados por las avenidas que se corresponden con los fragmentos de residuos de mayor tamaño (arenas y gravas) que ofrecen menor riesgo para el Mar Menor, mientras que los residuos peligrosos correspondiente con un tamaño de partícula más pequeño (arcillas y limos), en los que la concentración de metales pesados es exponencialmente mayor a los que quedan retenidos en los diques, llegan directamente al lagoon motivando que su fondo se vea cubierto por una masa de lodos provista de unas concentraciones metales pesados inimaginables".
Matías Peñas, que presentará una nueva queja ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, considera que "para un correcto funcionamiento los residuos almacenados en estos diques deberían ser vaciados tras cada evento lluvioso y eliminados previo tratamiento de inertización en un vertedero de residuos peligrosos".
El problema, dice, "radica de un lado en el coste de la gestión de estos residuos y la responsabilidad de eliminarlos. "El Estado no puede asumir los gastos ya que la contaminación es causada por los propietarios de de los terrenos y residuos mineros peligrosos que incumplen sus obligaciones ambientales en materia de restauración de espacios afectados por la minería" dice.
Matías Peñas pide el cumplimiento a lo dispuesto en la DIRECTIVA 2004/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de abril de 2004 sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales. "Quien contamina, debe pagar" dice "y eso no se esta cumpliendo. Estamos pagando todos la contaminación de otros median obras millonarias".
El investigador ha recordado que "a lo largo de los años, en las ramblas de la sierra minera, se vienen construyendo diques desde 1995 (por el antiguo ICONA) y luego, en 2006 y 2007, se construyeron otro montón con fondos FEDER. Todos estos se encuentran colmatados desde hace años y los suelos agrícolas que a ambos lados se encuentran están ya contaminados por esos procesos de erosión eólica" dice.
