Tribunales

La Audiencia ratifica procedimiento de jurado para la causa contra la presidenta del PP en Calasparra

María Marín y el abogado Juan Rigabert están siendo investigados por presunta malversación de caudales públicos y falsedad documental tras una dura querella de la Fiscalía que cuantificó el menoscabo a las arcas públicas en casi 250.000 euros. Un informe policial acredita que "hubo una serie de pagos a proveedores que realmente no se hicieron"

Rosa Roda

Murcia | 12.04.2023 14:54

María Marín y Juan Rigabert
María Marín y Juan Rigabert | Onda Cero

En un auto fechado el 28 de febrero de 2023 al que ha tenido acceso Onda Cero, la Sección número 2 de la Audiencia Provincial también ha desestimado los recursos presentados por los investigados al estimar que no se han sobrepasado los plazos de instrucción.

Según fuentes de la Fiscalía, lo que ahora procede es que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Caravaca convoque la comparecencia de los investigados junto a sus abogados en la que el Ministerio Publico hará un relato inicial de los hechos e imputará la existencia de un posible delito. Y a continuación interesará la práctica de nuevas diligencias en el caso de que falten.

En el caso de que todas las diligencias estén practicadas y ni Fiscalía ni las partes consideren oportuno realizar más dado que los investigados ya declararon ante el juez, procedería que el juez dictara auto de preparación de juicio oral y emplazara a la Fiscalía a realizar su auto de acusación contra Juan Rigabert y María Marín.

La causa judicial contra Rigabert y Marin se alarga ya siete años. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Caravaca incoo diligencias previas de instrucción mediante un auto de 25 de octubre de 2016 tales como la declaración de los investigados, la testifical de hasta seis testigos, la declaración de un testigo-perito y la solicitud de documentación al Ayuntamiento de Caravaca.

Duro informe policial

Un informe realizado por el Grupo de Delitos Económicos y Blanqueo de capitales de la Policía Nacional, por orden del juzgado número 2 de Caravaca, corrobora y acredita las graves irregularidades presuntamente cometidas por la actual presidenta del PP en Calasparra y candidata a la alcaldía, María Marín, durante su etapa como jefa de contabilidad de la sociedad Caravaca Jubilar junto al entonces gerente, Juan Rigabert,ambos investigados por malversación de caudales públicos y falsedad documental tras una dura querella de la Fiscalía que cuantificó el menoscabo a las arcas públicas en casi 250.000 euros

El informe del Grupo de Delitos Económicos y Blanqueo de capitales de la Policía Nacional al que ha tenido acceso Onda Cero concluye que “en la cuenta de la mayoría de los clientes y/o proveedores, se pueden observar, errores, manipulaciones, anotaciones intemporales, pagos no realizados, anotaciones de cobros con cantidades diferentes a lo facturado…etc…teniendo como resultado una situación en las cuentas que no se ajusta a la realidad contable de la mercantil”.

Los agentes destacan en su informe “dos pagos de 8.000 y 22.000 euros anotados a nombre de FÚTBOL CLUB CARAVACA como destinatario del dinero cuando, en realidad, la policía comprobó que el dinero fue ingresado en la cuenta corriente de un particular, Mariano Rigabert Montiel, sin relación con la mercantil, y casualmente hermano del investigado en el procedimiento judicial, Juan Rigabert entonces gerente de Caravaca Jubilar. Los agentes policiales también observaron como una transferencia bancaria contabilizada como pago en la cuenta del proveedor ARTIPACK SL, no fue ingresada en la cuenta bancaria de éste, sino que fue abonada en la cuenta corriente del investigado, Juan Rigabert.

La Fiscalía presentó denuncia

La Fiscalía presentó en 2016 una denuncia contra María Marín y Juan Rigabert al considerar que podrían haber cometido falsedad documental y malversación de caudales públicos que el juez admitió a trámite, aunque la primera denuncia ante la Policía Nacional de Lorca partió del entonces alcalde de Caravaca, Domingo Aranda, del PP, tras una primera auditoría realizada por el contable, Miguel Martínez en febrero de 2015.

La denuncia de Domingo Aranda y el informe de interventor municipal provocó que el ex gerente de Caravaca Jubilar, Juan Rigabert (abogado de profesión) les denunciase y acusara de un delito de falsedad documental que la Audiencia Provincial sobreseyó y archivó en 2017.

María Marín y Juan Rigabert son socios del mismo despacho de abogados. Marín ya fue candidata a la alcaldía en 2019 y repite en 2023. En diciembre de 2021 fue elegida presidenta del PP de Calasparra. El presidente López Miras dijo que "Calasparra está falta de políticos que sepan gestionar los recursos públicos".