Exclusiva Onda Cero-Mar Menor

El alto funcionario se quejó de que no contestaban a su solicitud de informe técnico para iniciar los expedientes de responsabilidad ambiental

El funcionario instructor necesitaba que Medio Ambiente describiera la amenaza o daño medioambiental e indicará las medidas de prevención, evitación y/o reparación

Rosa Roda

Murcia | 04.05.2021 14:42

Mar Menor
Mar Menor | EFE

El instructor jurídico nombrado por la Comunidad Autónoma para determinar la procedencia de iniciar expediente de responsabilidad medioambiental a requerimiento de la Fiscalía contra diez empresas identificadas como responsables de contaminar el Mar Menor, José Antonio Martínez Díez de Revenga, se quejó al Director General de Medio Ambiente de que no contestaban a su solicitud de informe técnico para poder realizar la tarea encomendada.

Mediante un escrito al que ha tenido acceso Onda Cero, el alto funcionario hizo constar que el Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental, no respondía a lo solicitado y era describir la amenaza o daño medioambiental, e indicar las medidas de prevención, evitación y/o reparación, y los recursos naturales afectados, para la elaboración de las comunicaciones de inicio de expedientes de responsabilidad ambiental de 8 de los 10 operadores identificados, conforme al protocolo de actuación en caso de incidente y procedimiento de exigencia de resposabilidad medioambiental en el contexto de la Ley 26/2007 de 23 de octubre.

El informe técnico emitido el 4 de enero de 2021 por la técnico responsable, adscrita al Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental, se limitaba, según el instructor jurídico, a proponer que se solicitaran informes de otros organismos estatales y locales, y otros centros directivos de distintas consejerías de la Administración Regional.

En el escrito que el alto funcionario remite al Director General de Medio Ambiente en febrero de 2021, hace constar "no resulta procedente derivar a otras administraciones o departamentos de la Administración Regional lo que es competencia de la Dirección General de Medio Ambiente”.

El funcionario instructor dio entonces por concluidas las actuaciones previas abiertas para determinar la procedencia de iniciar expediente de responsabilidad madioambiental a requerimiento de la Fiscalía.

LÓPEZ MIRAS SE REMITE AL INFORME DEL ALTO FUNCIONARIO

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha considerado que "no hay espacio para ningún tipo de valoración política" sobre la demanda que está preparando la Fiscalía contra la Comunidad porque el informe que se le remitió al Ministerio Público fue elaborado por un funcionario y es de carácter "técnico".

López Miras ha respondido de esta forma al ser preguntado por el hecho de que la Fiscalía de la Región de Murcia haya demandado a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comunidad al considerar que no actuó contra las empresas responsables de contaminar el Mar Menor.

"Yo creo que hemos dado las explicaciones oportunas desde la Consejería", según López Miras, quien ha recordado que, cuando llegó el requerimiento de la Fiscalía, la Comunidad inició la instrucción de ese expediente para darle respuesta.

"El funcionario al que le corresponde hacer esa instrucción elabora el informe, que es enviado de nuevo a la Fiscalía, por lo que caben pocas valoraciones políticas sobre eso", ha zanjado. A su juicio, se trata de un informe "técnico y funcionarial que da respuesta al requerimiento de la Fiscalía".

Al ser preguntado por el tiempo que tardó ese informe en llegar al Ministerio Público, López Miras ha insistido en que cuando llegó el requerimiento se inició la instrucción del expediente. "Hay un funcionario que es el encargado de realizar la instrucción, que realiza ese informe en el tiempo que entiende necesario y, una vez que ha realizado el informe con sus disposiciones necesarias, lo devuelve a Fiscalía", ha aseverado.

"Como entenderá, en un asunto entre la Fiscalía, el instructor del expediente que es un funcionario, creo que pocas valoraciones puede haber de los políticos", ha concluido.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Onda Cero en exclusiva, la consejería concluye que compete al Estado, concretamente, a la CHS abrir esos expedientes de responsabilidad ambiental al considerar que "es competencia estatal el Mar Menor, el acuífero, los canales de drenaje, el Plan Nacional de Regadíos, la rambla del Albujón y hasta las desalobradoras ilegales puesto que su sanción y control compete al organismo de cuenca".

Se basan en un informe jurídico de la Consejería de Agricultura de febrero de 2021 al que ha tenido acceso Onda Cero. Según ese informe "el Mar Menor, es dominio público marítimo, por tanto de titularidad estatal, órgano competente, según Ley de Costas para su tutela directa".

Según el informe que firma la Jefa del Servicio Jurídico de la consejeraía, Dolores Bermejo, el Estado también es el titular del dominio público hidráulico, es decir del agua que discurre por tierra, ya sea de forma natural o artifical, a través de obras hidráulicas como los canales de drenaje para riego del Plan Hidrológico Nacional, que fue declarado en el año 1974 de interés nacional" y es competencia estatal el Plan de Regadíos en el que se establece una vinculación directa de la agricultura y del cultivo a la “disponibilidad de agua” que trasvase el Estado. "Es decir, que sin agua no hay cultivo, y es la CHS la que gestiona los derechos de agua para riego".

El informe subraya que el art. 7.7 de la Ley de Responsabilidad Medio Ambiental atribuye a la Administración General del Estado la instrucción del procedimiento de responsabilidad por daños al medio ambiente de los previstos en esta ley, y exigir la previa adopción de las medidas de prevención, evitación y reparación que procedan, en aplicación de esta ley cuando se trate de obras públicas de interés general de su competencia.

"Por tanto todo apunta a que debería ser el Estado, y no la CARM la que hubiera tramitado este expediente de Responsabilidad Medio Ambiental" dice el informe jurídico de Bermejo.

Y en respuesta a la Fiscalía que justifica que sea la CARM la que instruya tal expediente motivado en la concurrencia de competencia autonómica en materia de protección de hábitats naturales el entorno del Mar Menor, o en la competencia en control de vertidos tierra-mar, el informe de Dolores Bermejo resalta que "los operadores ambientales identificados como presuntos responsables por Fiscalía traen causa de la utilización de desalobradoras ilegales (cuya competencia de control y sanción corresponde a la CHS), que vertía el agua de rechazo al salmueroconducto (de titularidad Estatal), y de ahí a la rambla de Albujón (de titularidad Estatal), por lo que no se trata de vertido directo de tierra mar en conducción, sino a través del Acuífero o de la Rambla, ambos bienes demaniales de titularidad Estatal".

INDIGNACIÓN EN LA FISCALÍA

La Fiscalía ya ha registrado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ la correspondiente demanda para que el tribunal requiera a la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente copia del expediente tras lo que la Fiscalía procederá a la formalización de la demanda contra la CARM.

Fuentes de la Fiscalía no ocultan su "indignación" por la respuesta de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente después de un año. "No es de recibo. Esto es una tomadura de pelo. En vez de acatar el mandato de la fiscalía y cumplir la Ley de Responsabilidad Ambiental, abrieron unas diligencias previas de valoración para dilucidar si abrían o no los expedientes de responsabilidad ambiental para terminar diciendo un año más tarde que no son competentes cuando sí lo son". Fuentes de la Fiscalía dicen que "ha sido todo un paripé por parte de la consejería" y se preguntan "si también van a desoír el mandato del TSJ".