La Justicia ha tumbado la denuncia que habían presentado Ecologistas en Acción y ANSE contra el Consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo y su antecesor en el cargo, Javier Celdrán.
Los tribunales aseguran que ni estos dos altos cargos de la administración regional, ni otros puestos de responsabilidad inferior en la Consejería, cometieron delito alguno con la aprobación de la veda de caza para las temporadas 2019-2020 y 2020-2021 que inicialmente no tenían los informes de imapcto medioambiental.
Los grupos ecologistas denunciaron que estos permisos se aprobaron por la Consejería sin el obligado trámite previo de evaluación de impacto medioambiental por lo que les acusaban de un delito de prevaricación ambiental.
Sin embargo, el juez asegura que la Consejería solicitó esas evaluaciones necesarias aunque llegaron con retraso por “razones poderosas” dice el juez, ya que faltaba personal para realizarlas.
El tribunal justifica que la Consejería aprobó las vedas sin los informes medioambientales por razones de urgencia y necesidad. Posteriormente, cuando llegaron los trabajos en materia medioambiental se sumaron a las órdenes de las vedas ya emitidas.
De esta forma el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia no ve delito alguno en el proceder de los responsables de la consejería de medioambiente del Gobierno de la Región de Murcia y lleva a cabo un sobreseimiento provisional por si aparecen nuevos indicios sobre estos hechos.
Las dos organizaciones ecologistas han recurrido la decisión judicial.
