El titular de agricultura explica que en la Junta de Gobierno de la CHS del pasado 26 de febrero a la que alude el informe del ministerio expuso que, en aplicación de la normativa, la CARM estaba a la espera de que el organismo de cuenca comunicase a la Consejería que las resoluciones eran firmes y que “la CHS debería acreditarlo de manera formal y por escrito”. “Hasta en seis ocasiones la consejería ha requerido a la CHS que subsanase las deficiencias detectadas en los expedientes remitidos, la última vez el pasado 8 de abril” asegura Luengo.

El titular de Agricultura recuerda que el artículo 33 del Decreto Ley 2/2019 de Protección Integral del Mar Menor dice que “la consejería competente para el control de la contaminación por nitratos exigirá la restitución a un estado natural, de aquellos regadíos que hayan sido cesado o prohibidos por resolución firme por el organismo de cuenta, por no estar amparados por un derecho de aprovechamiento de aguas”. "En cuanto tengamos alguna confirmación de que las resoluciones comunicadas son firmes, y en caso de haber sido recurridas, se han desestimado los recursos, se podrán incoar los correspondientes expedientes de restitución, ya que están las actuaciones previas concluidas y todos los expedientes revisados y subsanados, a falta de este último dato".

En declaraciones a Onda Cero, el consejero de agricultura, asegura que “es falso” que la Comunidad no vaya a llevar a cabo a restitución del regadío ilegal a su estado original de las parcelas notificadas, o parte de las mismas, como se deduce de las subsanaciones recibidas, que no poseen derecho de riego alguno”.

Actualmente, y según el análisis realizado por la CARM, han sido comunicados 99 expedientes sancionadores por parte de la CHS, de los cuales, 78 están en el ámbito de aplicación del Decreto Ley 2/2019, y 21 fuera del ámbito. Por lo tanto, la superficie sobre la que se podría iniciar el expediente de restitución asciende a 1481 hectáreas según informa la consejería de Agricultura.

Antonio Luengo subraya que desde noviembre la CHS comenzó a comunicar resoluciones sancionadoras, el organismo de cuenca podría haber exigido la eliminación de las tomas de riego que corresponden a las superficies sin derechos de riego por tener competencias para ello “y ya no se estaría regando en esas superficies que es lo que me parece de mayor gravedad, que se continúe regando y no se hayan precintado las tomas de riego por parte de la CHS en virtud del artículo 118 de la Ley de Aguas”. "Que tengamos constancia, la CHS no ha procedido a comprobar que se han precintado las tomas de riego y a prohibir el regadío en las parcelas expedientadas si consideran que son firmes estas resoluciones” remarca el consejero.

Desde la consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente recuerdan que las competencias para la inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de las concesiones relativas al uso privativo del dominio público hidráulico (el regadío) corresponden a la CHS, organismo adscrito al Ministerio de Transición Ecológica y que "este organismo otorga las concesiones de regadío y es responsable de su control y de iniciar cuando se detecta un incumplimiento de la ley de aguas, los correspondientes expedientes sancionadores y exigir la restitución de las cosas a su estado anterior, como literalmente recoge el artículo 118 del Texto Refundido de la Ley de Aguas en sus apartados 1 y 2".

Por eso, según el consejero Antonio Luengo, "la CHS tiene el deber al menos de exigir la eliminación de las tomas de riego para hacer efectiva la prohibición del riego en una determinada superficie que no cuente con los derechos de riego necesarios" y eso, asegura el consejero, "no se ha hecho".

En noviembre de 2019, agentes medio ambientales de la Consejería de Agricultura constataron que la CHS no había cortado el riego de las fincas expedientadas por regadío ilegal como informó Onda Cero.