El dictamen facultativo del Consejo Jurídico de la región de Murcia sobre el desbloqueo de las normas transitorias de Cartagena se ha realizado a petición de la Consejería de Fomento

El Consejo Jurídico concluye que las normas transitorias urbanísticas requieren de evaluación de impacto ambiental.

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia concluye que las normas transitorias requieren de evaluación de impacto ambiental al tratarse de un instrumento de planeamiento urbanístico. El dictamen se elaboró a petición de la Consejería de Fomento sobre el desbloqueo de las normas transitorias de Cartagena. El Consejo Jurídico paralizó el dictamen al conocer que el PP había presentado una enmienda de adición a la Ley de Aceleración sobre normas transitorias que modificó un artículo de la Ley de Ordenación del Territorio relativo a las normas transitorias para eximirlas de evaluación de impacto ambiental. Esa enmienda de adición motivó que las letradas de la Asamblea Regional emitieran un informe advirtiendo de que "la ley de aceleración vulneraba el nivel mínimo de protección ambiental". Dijeron los servicios jurídicos de la Asamblea Regional que "eludir la evaluación estratégica en normas transitorias urbanísticas podía ser ilegal".

ondacero.es

Murcia | 15.11.2018 11:29

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Sobre la necesidad o no de evaluación ambiental estratégica de las Normas Transitorias, el Consejo Jurídico dice que "privar a las NNTT de la consideración de instrumento de planeamiento urbanístico es algo que puede tener efectos en el ámbito de las competencias autonómicas, pero no puede incidir en la normativa básica estatal, la cual, en todo caso, delimita el ámbito de los artículos 5, 6 y 8 de la Ley 21/2013, como ha quedado dicho, en razón del objeto y los efectos de los planes y programas y, desde ese punto de vista material, las NNTT encajan en el concepto material de plan del precepto básico, sea cual sea la consideración formal que la normativa autonómica, ceñida al marco de sus competencias, quiera darle".

Sobre la adecuación del contenido de las NNTT en el tratamiento dado a las delimitaciones de ámbitos correspondientes a suelo ordenado, el Consejo Jurídico concluye en su dictamen que tales normas "no pueden planificar nuevos desarrollos urbanos que impliquen transformación de suelo urbanizable o no urbanizable", "no puede seguir gestionando urbanísticamente nuevos desarrollos de ciudad", "no pueden realizar cambios de zoonificación", no pueden calificar ni recalificar parcelas o terrenos" y "deben suspender licencias de obras que impliquen necesidad de iniciar o simultanear nuevos desarrollos urbanísticos". En sentido contrario, sostiene el dictamen del Consejo Jurídico de la región de Murcia que "las licencias de obras no se suspenderán en suelos consolidados, de conformidad con los expresamente previsto en la nueva redacción del artículo 154.4 LOTU". Pincha aquí dictamen facultativo del Consejo Jurídico de la Región de Murcia relativo a normas urbanísticas provisionales de Cartagena. Las normas transitorias, por tanto, solo pueden operar en suelo urbano.

PP y Ciudadanos impidieron que prosperara en la Asamblea Regional una moción de urgencia del grupo socialista que pedía un informe del Consejo Jurídico sobre la polémica ley de Aceleración ya que, entre otras cosas, cambiaba las reglas de las normas transitorias urbanísticas mediante una enmienda de adición. Tanto PSOE como Podemos coincidieron al señalar que la enmienda que hacía referencia a las normas transitorias era "indecente". La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón rechazó que las normas transitorias de Cartagena dependieran de una ley regional como la de Aceleración. Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario popular, Víctor Martínez defendió que la enmienda que habían presentado a la Ley de Aceleración sobre normas transitorias "otorgaba al Gobierno regional el marco jurídico para aprobar las normas transitorias de Cartagena y le daba la seguridad jurídica que necesita". El PSOE ha informado de que aportara el dictamen del Consejo Jurídico sobre normas transitorias de Cartagena al recurso de inconstitucionalidad que va a presentar contra la Ley de Aceleración.