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Para Alberto Guerra y para su mujer y actual Jefa de la Oficina de Gobierno Municipal, Isabel Fernández Guerras, pide penas de inhabilitación especial

El Ayuntamiento de Murcia pide penas de inhabilitación para los funcionarios y de cárcel para los empresarios imputados en la pieza casino del caso Umbra de corrupción.

El Ayuntamiento de Murcia pide apertura de juicio oral para los funcionarios, Alberto Guerra, su mujer, Isabel Fernández Guerras y el ex jefe de Planeamiento Urbanístico, Joaquín Peñalver a los que acusa de diferentes delitos de corrupción y para los que pide suspensión de empleo y sueldo e inhabilitación especial.

Rosa Roda
  Murcia | 12/04/2019
Guerra

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En el escrito de acusación dirigido al juzgado de instrucción número 8 de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia pide para el ex jefe de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, la suspensión de empleo y sueldo durante tres años y la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante siete años por un delito continuado de cohecho, negociaciones prohibidas y prevaricación. Sin embargo, Alberto Guerra está a un paso de ser el letrado asesor de la empresa urbanizadora municipal, Urbamusa porque desde el propio Ayuntamiento de Murcia dicen que reúne todos los requisitos.

Para su mujer, Isabel Fernández Guerras, actual Jefa de la Oficina de Gobierno Municipal y directora de Tráfico y Transportes el ayuntamiento de Murcia, en su escrito de acusación, pide la suspensión de empleo y sueldo durante tres años e inhabilitación especial durante cuatro años por un delito continuado de cohecho y un delito continuado de negociaciones prohibidas en concepto de cooperadora necesaria. Para el ex jefe de planeamiento urbanístico, Joaquín Peñalver, el Ayuntamiento de Murcia también pide suspensión de empleo y sueldo e inhabilitación por un delito de cohecho y un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios.

Para los empresarios Higinio Pérez Mateos, Renato de Noce, Juan Sabater Borja, Alfonso Ramirez y José Sánchez Fernández el Ayuntamiento de Murcia pide penas de dos años de cárcel, por delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y estafa.

Además y en concepto de Responsabilidad Civil, el Ayuntamiento de Murcia exige a los empresarios citados que indemnicen al consistorio en la cantidad de dos millones de euros.