La Agencia Tributaria quiere identificar a los concejales del Ayuntamiento de Murcia en septiembre de 2007

La Agencia Tributaria, en el marco de la investigación el caso pokémon que instruye una juez de Lugo, quiere identificar a todos los concejales (PP, PSOE e IU) que integraban la corporación municipal que el 27 de septiembre de 2007 votaron en Pleno a favor de no ejercitar el derecho de adquisición preferente que correspondía al Ayuntamiento de Murcia en relación a la enajenación de acciones correspondientes al capital privado de la empresa AGUAS y SANEAMIENTOS DE MURCIA SA con motivo de la reestructuración interna del grupo AGBAR.

Los investigadores de la Agencia Tributaria han solicitado al consistorio murciano que aporte toda la documentación relacionada con la decisión de no ejercitar ese derecho que habría supuesto la remunicipalizaicón pública del servicio de aguas incluyendo, entre otros documentos, la solicitud de la empresa, el acta del pleno y el acta de la comisión de asuntos generales que lo aprobó por unanimidad el 24 de septiembre de 2007 a propuesta de la Teniente de Alcalde de Medio Ambiente y Calidad Urbana, Adela Martínez Cachá.

Los investigadores han descubierto que se basaron para tomar esa decisión, no en un dictamen de los servicios jurídicos municipales, sino en un dictamen firmado por dos empleados de la empresa EMUASA y, por tanto, dependientes laboralmente del director gerente de la empresa, José Albaladejo (directivo de Hidrogea). Tampoco consta en el expediente informe sobre la solvencia económica de la nueva sociedad de aguas ni, aparentemente, se comprobaron los términos en los que se realizaba la enajenación.

En septiembre de 2007 formaban parte del consejo de administración de EMUASA y de la corporación municipal, entre otros, el alcalde Miguel Ángel Cámara, los concejales del PP, Fernando Berberena, Adela Martínez Cachá y José Arce, los ediles socialistas Alfonso Navarro y José Manuel Abellán y la edil de IU, Esther Herguedas.