El Ministerio de Política Territorial explica que se estimaron discrepancias competenciales sobre siete artículos y que llegaron a un acuerdo parcial con la Xunta sobre cinco de ellos.
En una nota de prensa, señalan que las impugnaciones relativas al artículo 30 se fundamentan «en su incompatibilidad con las regulaciones estatales existentes en relación con el sector eléctrico y, singularmente, en materia de energía eólica». Se refiere a tres de los temas que han entrado en el debate reciente, entre las dos Administraciones, relativo al desarrollo eólico; la zonificación eólica, la repotenciación de los parques eólicos y la aplicación de la Directiva europea que habilita a los Estados para eliminar la evaluación de impacto ambiental en determinados supuestos (cuestión que para la que el Ministerio de Transición Ecológica, en este caso, todavía no ha fijado una normativa básica.
La otra impugnación es relativa al artículo 45. Se trata de una de las medidas más importantes tramitadas por la Xunta para desatascar la tramitación de la dependencia y la discapacidad; desde enero se puede hacer conjunta. El Ministerio considera que se invaden competencias estatales; por corresponder al Estado «la competencia normativa sobre el régimen económico de estas dos materias», señalan.
