Luciano Sobral - Alcalde de Poio - Desalojo 2012
El ayuntamiento de Poio procedió al desalojo de la familia de Miguel Montoya que fue realojada en una vivienda de la parroquia de Caritel, en el municipio de Ponteceldelas. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaró nulos los contratos de arrendamiento gestionados por el gobierno local poiense en otros municipios de la comarca.
Juan de Sola
Pontevedra | 11.01.2012 10:35
La obligatoriedad de demoler varias chabolas del poblado de O Vao provocó, en el año 2008, una dispersión de las familias afectadas, en su mayoría de etnia gitana, por diversas localidades de la provincia de Pontevedra como medida de transición.
Luciano Sobral, alcalde de Poio, negoció con varios propietarios de viviendas en los municipios como la capital o Pontecaldelas con la finalidad de proceder a un realojo pacífico de las familias. Pero, el regidor no contaba que, en dicha operación, el rechazo social iba a aflorar a niveles determinantes.
Primero fue Pontevedra y después Pontecaledas. Y, en medio de todo el conflicto, la administración autonómica tratando de buscar la forma de responder administrativa y políticamente a un asunto sensible. Los ‘poblados de transición’ se convirtieron una simple idea sin materializar, ni siquiera analizar, del por aquel entonces vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana. La inacción precedió a los sucesores en el cargo.
Una mañana de martes se cumplió con la sentencia del alto tribunal gallego y la familia Montoya facilitó el proceso. Abandonaron la vivienda bien entrada la noche. Lo hicieron dejando la puerta abierta... Sin crear o convertir este asunto en un nuevo germen de conflicto. Aferrados a la discreción; obligados a desaprovechar una alternativa de integrarse en una sociedad normalizada.
La comisión judicial se limitó a comprobar que se cumplía una sentencia judicial, sin necesidad de intervenir. No fue necesario. Tan solo con levantar acta fue suficiente para poner el sello a un expediente que vivió los episodios sociales más tensos de la década.
Tras esto, ya comienzan a formar parte del pasado aquellas fotografías de las detenciones, alcaldes escoltados por la Guardia Civil a la salida de un pleno municipal, las manifestaciones de personas de etnia gitana en la calle Benito Corbal o las compareciencia judiciales en el edificio de A Parda (Pontevedra).
Sobral ha reconocido no tener alternativa para la familia que, con su salida pacífica de la vivienda, recuperó la milenaria cultura del nomadismo por la comarca. A la búsqueda de un lugar donde enterrar esta oscura etapa. El alcalde del ayuntamiento donde se produjo el derribo de las chabolas (Poio) considera que “se ha perdido una brillante oportunidad de culminar con un proceso de integración”.
Por su parte, el primer edil de Pontecaldelas, Perfecto Rodríguez, considera que estos hechos solo se limitan a cumplir con lo establecido por la justicia. Recordar que este ayuntamiento había apoyado el rechazo de los vecinos de la zona ante la manera en como se realizó el proceso de realojos y, por tanto, convivir con la familia realojada.
El resumen de casi un lustro nos deja un notable número intentos que se quedaron en estériles acciones. Ahora, transcurridos cuatro años, el desenlace no deseado regresa a un escenario político con posiciones muy definidas: Por un lado, la improvisación y el atropello de una sentencia judicial por el derribo de unas chabolas que empujo al regidor de Poio al precipicio de la mala gestión. Por otro, la ausencia voluntaria por implementar políticas sociales de integración ante una insoportable presión vecinal que estranguló las mínimas posibilidades de resolver el conflicto con una final feliz. Pero, como es conocido, “lo que mal empieza, mal acaba”.
