Para el responsable de fiscalía, el seguimiento de los usuarios del centro comenzó, en el mismo instante, que se tuvo constancia de la decisión de cierre, anunciado por la congregación religiosa.
Aladro fue categórico al afirmar que, desde el órgano judicial que representa, existe la obligatoriedad de amparar por la integridad e intereses de los afectados por el cierre. No obstante, el fiscal jefe recomienda hacer una diferenciación porque considera que existen usuarios con facultades “suficientes” para adoptar una decisión personal y otros no cuentan con esa capacidad. En este sentido, Aladro reconoció desconocer el número de personas que podría estar una u otra situación.
Aún así, el proceso de seguimiento es muy exahustivo, “tanto que, en muchas ocasiones, se realiza cuando el expediente está cerrado o ha finalizado”.
Por su parte, los trabajadores del centro mantuvieron una reunión con la dirección de la congregación religiosa para expresarle su oposición al cierre. Cristina Henriquez, delegada de asuntos sociales de Comisiones Obreras en Pontevedra, tiene la firme creencia en que el proyecto social es viable y no pasa por dificultades económicas, tal y como argumentan desde el Asilo para llevar a cabo el inminente cierre.
Por contra, el Delegado de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Touris, se convierte en el responsable autonómico que canaliza a la conselleira de Traballo e Benestar Social toda información sobre las incidencias de un caso con un elevado número de personas pendientes de valorar su grado de dependencia o discapacidad.
