El cambio radical en la estructura de los juzgados que propone Gallardón tendría consecuencias directas para más de la mitad de la población de la provincia de Ourense, dando un vuelco a un modelo territorial del siglo XIX. El discutido anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) dejaría en la capital un único partido judicial -allí estaría radicado el tribunal de instancia, el nuevo órgano de referencia- en detrimento de las ocho demarcaciones actuales, que coinciden con las cabeceras de las principales comarcas del rural: Bande, Celanova, Ribadavia, Trives, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Verín y Xinzo. Las ocho ingresaron una media 1.800 asuntos al año.
En una provincia en declive demográfico, con una alta dispersión entre localidades, 2.600 núcleos de población y una comunidad envejecida, unas 167.000 personas verían alejarse su centro de referencia de la administración de justicia. Los actuales desplazamientos de proximidad a las comarcas se convertirían en largos trechos de hasta 2 horas de duración en viaje en coche. La distancia que media, por ejemplo, entre una aldea de A Mezquita -hoy englobada en el partido judicial de Verín- a Ourense, o desde la montaña de Valdeorras -cuya referencia es el juzgado de O Barco- a la capital.
La sección de Justicia del sindicato UGT denuncia que el anteproyecto, realizado sin consenso y con la oposición ya manifestada de alcaldes del PP, "liquida los partidos judiciales" con la creación de los tribunales provinciales de instancia. La ampliación del ámbito territorial provocará, según teme el sindicato, la desaparición de "decenas de órganos judiciales".
El giro tendría consecuencias para los trabajadores. De acuerdo a UGT, 81 de los 354 funcionarios de Justicia de Ourense se verían afectados. Se enfrentaría a la movilidad de destino y se expondrían a la posible amortización de plazas, eliminándose además los juzgados de paz y reduciéndose a un 30% las plazas de promoción interna y los concursos de traslados. La central enmarca la reforma dentro de la secuencia de otros discutidos proyectos del ministro Gallardón como la implantación de tasas para poder litigar o la privatización de los registros civiles.
CIG pide "unidad de acción"
Verín, esta tarde, y Xinzo, mañana, acogen las primeras reuniones de la movilización que el sindicato nacionalista CIG pretende extender por toda la provincia, más allá de los juzgados, a partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales y ciudadanos. Las dos localidades del sur provincial son cabeceras judiciales e ingresaron en un año, 3.110 y 1.640 asuntos de índole civil y penal, respectivamente.
Una tercera reunión convocada por la CIG se celebrará en la ciudad de Ourense el 22 de abril. Según el secretario comarcal, Etelvino Blanco, el anteproyecto "alejará a la justicia de los ciudadanos". La supresión de ocho partidos judiciales radicados en villas y el rural "es aún más grave por la dispersión poblacional y la población envejecida" de Ourense. Blanco llama a una "unidad de acción" de los afectados -desde funcionarios a jueces- así como a colectivos políticos y sociales.
