Una petición clara fue la que realizó ayer el portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Rosendo Fernández, poco después de la comparecencia del alcalde para dar explicaciones sobre la urbanización de la calle donde tiene su domicilio y la devolución del aval, en el sentido de exigirle que "pague lo que debe, le pida perdón a los ciudadanos y dimitas. Es lo que tiene que hacer".
Los populares, después del último capítulo del "sainete" municipal de Ourense que se vivió con la publicación del contenido del informe de la Intervención, y que solicitaron ayer por escrito una copia del mismo, en el que se le exige al alcalde que pague cerca de 28.000 euros correspondientes a las obras de urbanización de la calle, denuncian que la situación política que está a vivir el Concello no tiene marcha atrás y está instalada en el "esperpento permanente", con un alcalde que, lejos de mostrar "humildad, pretende culpar al resto de los grupos políticos de la situación actual, de la que sostiene el único responsables es Agustín Fernández.
La pregunta del portavoz popular, después de la comparecencia pública de Agustín Fernández, es directa: "¿Acaso somos culpables nosotros de que el señor alcalde no pague lo que debe a las arcas municipales?". Y además de considerar como "vagas" las explicaciones dadas, califican de "ataques absurdos" a los grupos políticos, especialmente al PP, y que "no son más que excusas de mal pagador, y nunca mejor dicho".
Ampliación de denuncia
Lo que también anunciaron los populares es que cuando se le entregue la copia del informe de la Intervención municipal procederá a la ampliación de la denuncia ante la Fiscalía, en la que también aportarán otros documentos, que entienden son lo suficientemente relevantes para apuntalar los argumentos sobre los presuntos delitos cometidos.
En cuanto a que el alcalde manifestase ayer que había llevado a la propia Fiscalía todo el expediente, los populares advierten que es lo que habían pedido en la denuncia que formalizaron el pasado día 20, sin descartar que ya se la pudiesen haber reclamado, aunque lo que entiende como una cuestión determinante es el informe de la Intervención municipal, con un repaso de los antecedentes de lo que aseguran es un "escándalo".
Otra de las consideraciones que realizó Rosendo Fernández es que considera "ilegal" que el Gobierno municipal endosase las obras de urbanización de la calle donde se encuentra la vivienda unifamiliar del alcalde con cargo al Plan E, y que Agustín Fernández, como edil de Hacienda y miembro de la Junta de Gobierno, en aquel momento, votase a favor. "No era un vecino más, eso que le quede claro, era un miembro del gobierno", indicó.
Y mientras Agustín Fernández insistía en la "conspiración, más allá de la política" contra su persona", los populares le respondían con una propuesta diametralmente opuesta: "lo que tiene que hacer es pagar lo que debe, como hacen todos los ciudadanos, y máxime cuando se es alcalde, inspector de Hacienda y máximo responsable del PSdeG en Política Fiscal y Financiera", por lo que dicen que es "inconcebible" que los socialistas a nivel provincial ni regional se pronuncie a este respecto.
Además de no dar por buenas ni creíbles las explicaciones dadas por el alcalde, con el apoyo de la edil de Urbanismo y mostrando los expedientes, el portavoz popular tiene claro que el primer edil de la Corporación municipal "no puede tener sobre sus espaldas un escándalo de este calibre", y alertar de que "es imposible fiarse o mantener la confianza" en un gestor público que presuntamente se "beneficia de su cargo para sus asuntos personales".
Lo que critica los populares es la utilización que hizo el alcalde en su discurso de explicaciones, como el de "terrorismo" o el de "exterminio" político, para colocarse en una situación de víctima, cuando con la documentación que cuentan, y mucha de la cual forma parte de la denuncia presentaban, estarían revelando todo lo contrario, y que investiga la justicia.
