La negociación de un código ético para la Diputación de Ourense a propuesta del presidente José Manuel Baltar ha dejado claro que tanto el PSOE como el PP aplican su manual de buenas prácticas para casos de imputaciones judiciales según sople el viento. Los socialistas en la Diputación se muestran enérgicos y exigentes respecto a los diputados provinciales del PP imputados antes de entrar a dialogar con Baltar sobre conducta pero su énfasis se diluye cuando el escenario se traslada al Concello de Ourense donde hay tres imputados en sus filas, entre ellos el alcalde.

Y el PP, que en la Diputación hace bandera con la presunción de inocencia y se niega a adoptar medidas cautelares contra los tres alcaldes inmersos en procesos judiciales, ha pedido reiteradas veces la dimisión del alcalde ourensano y dos concejalas investigados por la justicia mientras cierra filas ante el alcalde de A Coruña y nueve concejales de la corporación municipal de Santiago, también imputados.

El portavoz provincial del PSOE, Ignacio Gómez, se levantó ayer de la mesa de trabajo sobre el código ético dejando claro que para que su grupo participe en la redacción definitiva del documento hay cuestiones "innegociables" y una de ellas es que se aparte cautelarmente de los órganos de gobierno a los cargos electos implicados en procesos judiciales, en particular, a los alcaldes "populares" de Xinzo, Barbadás y O Carballiño. Sin embargo, en una comparecencia posterior, Gómez trató de eludir un posicionamiento claro en relación a los tres imputados socialistas en el Concello de Ourense y recordó que ya se produjo alguna dimisión, en relación al exalcalde Francisco Rodríguez, imputado en la Pokemon. Más explícita fue la también diputada provincial y concejala vinculada al sector "pachista" Mónica Vázquez que precisó que "ningún imputado debería formar parte de ningún órgano representativo dentro de una institución".

En el debate abierto sobre dimisión sí o dimisión no que generó ayer la negociación del código ético en la Diputación, los únicos que mantuvieron una postura clara fueron el portavoz del BNG, Xaime Iglesias, y el propio presidente José Manuel Baltar, que censuró la estrategia política de su vicepresidente y portavoz del PP en el Concello de Ourense, Rosendo Fernández, que lleva varias semanas pidiendo la dimisión del alcalde y dos concejalas: "Como presidente provincial del partido tengo una posición clara, afecte o no a mi formación política, sean o no alcaldes, a favor de la presunción de inocencia y el respeto a los pronunciamientos de los órganos judiciales". De hecho, pidió "prudencia" ante las imputaciones y recordó que el alcalde de Baltar, José Antonio Feijóo, causó baja en el PP por un proceso del que ha sido absuelto con sentencia firme.

El BNG destacó que en su formación los cargos afectados por una imputación adoptan la decisión de dimitir "de motu propio" sin que tenga que intervenir el partido y su portavoz se levantó de la mesa al no aceptarse el "cese fulminante" de los diputados antes de entrar a negociar.

En todo caso, Baltar aclaró que no hay ningún diputado provincial imputado por cuestiones derivadas de este cargo y precisó que "un diputado no es más o menos diputado en función de su situación procesal. Un código ético de una institución no es un código penal y estas cuestiones tienen que regularse a través de los códigos éticos de los partidos".