Las provincias reclaman empuje pero eluden la reforma electoral que persigue Baltar

Los presidentes de gobiernos provinciales de España convocados por el de Ourense, José Manuel Baltar, clausuraron ayer la primera reunión de trabajo sobre el papel de las diputaciones con una declaración conjunta que reivindica el papel de la provincia como "verdadero ámbito" para la prestación de servicios a los municipios pero que no incluye mención alguna a la propuesta estrella del anfitrión sobre la necesidad de una reforma del régimen electoral para que los gobiernos provinciales sean elegidos de forma directa por los ciudadanos.

Baltar Blanco dijo en su relatorio del sábado que las diputaciones constituyen una "anomalía democrática" por este hecho y logró que su proposición fuese debatida con intensidad por sus homólogos pero sin que finalmente se incluyese referencia alguna en el documento institucional que cerró la primera conferencia de presidentes provinciales de España, un cónclave que duró tres días y que tendrá continuidad. En el acto de clausura que se celebró por la mañana en el Teatro Principal y al que asistieron alcaldes de la provincia y cargos públicos del PP, así como el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, Baltar anunció que en 2015 será la Diputación de Badajoz la que tomará el relevo y en 2016, la de Cuenca.

El objetivo de esta cumbre de presidentes en la que participaron una treintena de responsables de gobiernos provinciales de España (más de la mitad), representando a nueve de las 12 comunidades autónomas no uniprovinciales, fue el de abordar el papel de las diputaciones en el nuevo escenario de la reforma local que se aplica desde el 1 de enero y redactar la citada declaración institucional.

El texto hace pública la demanda de este colectivo de un "nuevo marco de financiación, no solo para las provincias, sino también para los municipios" y la "potenciación" de las provincias como "condición indispensable" para evitar la supresión de ayuntamientos. Los presidentes de diputaciones apelan al "carácter subsidiario" de estas instituciones y destacan que una mayor fortaleza "facilitará las economías de escala, y promoverá la delegación de funciones y un mayor acercamiento de los servicios a los ciudadanos".

La alerta roja demográfica que afecta a Galicia y acusadamente a Ourense inquieta también al resto de presidentes provinciales que han mostrado una unanimidad clara a la hora de reclamar políticas de discriminación positiva en el ámbito fiscal y económico para combatir el "problema de la despoblación del medio rural".

Demandan que se habiliten mecanismos de reparto de fondos procedentes del Estado y de las comunidades autónomas "basados en indicadores que no solo tengan en cuenta la población". De hecho, proponen crear una vía de "financiación especial" para aquellas provincias y territorios "con un claro riesgo de despoblación y falta de recursos que pueden provocar en un breve período de tiempo escenarios de grandes extensiones de territorio deshabitado en lugares donde hay porvenir y posibilidades de futuro".

El grupo acordó trabajar unido a través de una red de cooperación que comparta, colabore y divulgue estrategias de promoción, conocimiento e información y que ponga en valor los recursos propios, una iniciativa que también partió de José Manuel Baltar y que fue secundada por sus homólogos. El presidente ourensano dijo que esta red servirá "para transferir buenas prácticas en materia de apoyo político-económico a sectores, servicios o acciones que redunden en la mejora de la economía y sociedad" de los territorios.